26 de octubre de 2016
26.10.2016
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"Había hermanos de consejeros contratando", dice el marido de la exjefa Vigón

La acusada de favorecer a la empresa de su cónyuge elude declarar ante la fiscal

26.10.2016 | 01:33

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo celebró ayer la primera vista de la apelación contra la absolución de la exjefa de Medio Natural del Principado, María Esther Vigón Alvizu -hoy jubilada- por negociaciones prohibidas. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para la exfuncionaria, acusada de favorecer la contratación de la empresa Arboris, que administraba su marido, Rudi Walter K., también acusado junto a un apoderado de la empresa Alfonso F. C. Los tres fueron absueltos el pasado enero por el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. En la vista de ayer, el marido de la exfuncionaria, aseguró que había consultado con el servicio de contratación del Principado sobre los problemas de compatibilidad. "Me dijeron que había hermanos de consejeros contratando para el Principado y no se aplicaba el artículo de las incompatibilidades", indicó. También consultó con la intervención de Hacienda y le dijeron que el artículo "era inconstitucional".

La exjefa de servicio, María Esther Arvizu, se negó a responder a la fiscal y se limitó a ratificarse en sus declaraciones anteriores, tras ser preguntada por su letrada, Ana G. Boto. En el juicio celebrado el pasado enero, Arvizu negó cualquier participación en la contratación de la empresa su marido, al tiempo que manifestó que todo el mundo conocía que estaba casada con el administrador de Arboris, sin que le indicasen que tenía que abstenerse en los trámites.

También declaró el exjefe de sección de Planificación y Gestión de Espacios, dependiente del servicio de Vigón, que fue quien propuso la contratación de Arboris en algunos expedientes. Alba admitió que las propuestas de contratación llevaban el visto bueno de Vigón, como paso previo a que el expediente pasase al director general. "Yo no sabía que tenía que abstenerse. Había otros compañeros que tenían empresas con algún familiar", indicó.

Joaquín del Valle, interventor de Fomento que fiscalizó los expedientes, no detectó la relación de parentesco entre la jefa de servicio y el administrador de Arboris. "No comprobábamos esos datos, hubiese sido una labor policial imposible. Además, las empresas firmaban una declaración jurada asegurando que no incurrían en incompatibilidades", señaló. La apelación continúa el 16 de noviembre.

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