El diputado regional de Podemos Héctor Piernavieja calificó esta mañana de "absoluta vergüenza" que la consejera de Ordenación del Territorio y presidenta de Sogepsa, Belén Fernández, "se esconda detrás de los trabajadores" de esa entidad para tratar de justificar una deuda que, a su juicio, ha sido generada por la gestión de los rectores de la sociedad mixta y de la propia Belén Fernández. En este sentido, el parlamentario sostuvo que la reducción de sueldos y el Expediente de Regulación de Empleo puestos en marcha recientemente en Sogepsa supondrán "un ahorro que es una minucia comparado con otros gastos" de la entidad. Además, censuró que la actividad de Sogepsa se limite ahora exclusivamente a la gestión del día a día, algo que, según el podemita, no permite aminorar la deuda.

Piernavieja realizó estas declaraciones a la entrada de la sede ovetense de Sogepsa, a la que se desplazó con una antigua letrada de la empresa para comprobar los registros de entradas y salidas de la sociedad desde 2005, convencido de que la documentación al respecto que le remitió recientemente la Consejería está incompleta. A pesar de las "dificultades", el diputado afirmó haber dado con un contrato de más de un millón de euros para un programa informático que "no es útil" y que habría sido encargado por el anterior gerente, José María Quirós, pese a que ello supuso un pago adicional de 40.000 euros para compensar a la empresa a la que se le había adjudicado previamente la encomienda. El parlamentario insistió en todo momento en que su formación "no va contra los trabajadores de Sogepsa", sino contra sus rectores y contra los responsables políticos que la han llevado a acumular una deuda de unos 150 millones de euros. Piernavieja, que aludió a relaciones "familiares" del PP y el PSOE con la sociedad del suelo, se mostró especialmente crítico con Belén Fernández, a la que censuró por "haber percibido dietas de Sogepsa al mismo tiempo que cobraba por dar cursos de formación a sus trabajadores".

Sogepsa se encuentra en una delicadísima situación económica que compromete al Principado, su principal accionista, ya que tiene avalados casi 100 de los 150 millones de deuda de la entidad. Además, la sociedad del suelo tiene por delante el reto de adaptarse a las exigencias comunitarias en materia de libre competencia, algo que el Gobierno regional quiere realizar convirtiendo a la entidad en totalmente pública. PP y Foro ya han anunciado que se oponen a esa iniciativa, que sí respalda, aunque con matices, Izquierda Unida (IU).