La Fiscalía de Lugo está al límite de sus fuerzas con los casos "Carioca" -una trama de prostitución y corrupción en Lugo que salpica a fuerzas del orden y políticos- y "Pokémon", destapada a raíz de la denuncia de un empresario ovetense cuya empresa gestionaba el servicio de grúa de Lugo y que acabó poniendo al descubierto los manejos de Aquagest para hacerse con contratos mediante el pago de sobornos. Solo el primero supone un universo de 18 piezas, con una instrucción de 250 tomos cada uno. Las cifras del segundo son más modestas, pero no por ello menos ingentes: 150 tomos. En total, unos 4.500 tomos que hablan a las claras del carácter y capacidad de trabajo de la jueza instructora, Pilar de Lara, nacida en Cartagena aunque muy vinculada a Gijón.
Es tal el peso de las investigaciones que la Fiscalía ya ignora aquellas piezas respecto a las se ha inhibido la magistrada, aunque aún no hayan sido aceptadas por la Audiencia Nacional, Santiago o Avilés, entre otros órganos judiciales. El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, se ha referido en medios locales al reto que supone enfrentarse a una carga semejante: "Algo así te bloquea una Fiscalía, la desguaza".
La Audiencia Nacional continúa sin hacerse cargo de uno de los afluentes de "Pokémon", la "trama del agua", el que más directamente afecta a Asturias, y que la magistrada ha continuado instruyendo desde que se inhibió en julio del año pasado. Es el que afectaría al conseguidor Joaquín Fernández, y a numerosos cargos municipales asturianos, incluidos el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, o el expresidente del PP avilesino, Joaquín Aréstegui.
Aún sin asignar
Recientemente, el mes pasado, la Audiencia Provincial de Lugo -a raíz del recurso presentado por el edil coruñés Julio Flores y otros investigados, que instaban a que los asuntos que les atañen fuesen investigados en La Coruña- dio la razón a la magistrada Pilar de Lara al inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al tratarse de una trama de pagos a cambio de contratos, enchufes y financiación irregular de partidos que habría generado unos beneficios ilícitos de 300 millones y que salpica a varias comunidades autónomas.
Que sepan los letrados personados, la Audiencia Nacional aún no ha designado a un juzgado central de instrucción para hacerse cargo del asunto. Y no se descarta que el juzgado en cuestión plantee incluso una cuestión de jurisdicción ante el Tribunal Supremo para sumar aún más complejidad.
En Lugo solo quedarían dos de las nueve piezas en que se desglosó el "caso Pokémon". Por un lado, la relativa a los contratos fraudulentos y sobornos en el Ayuntamiento de Lugo, que es el origen de la investigación a raíz de la denuncia de un socio de Cechalva, la empresa encargada de la grúa municipal. A esta pieza aún le queda recorrido, ya que hay periciales sin realizar que podrían dar lugar a nuevas investigaciones.
Por otro, la que se ocupa de las actividades del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, en su día concejal de Urbanismo de Lugo. Curiosamente, es ésta la que está más avanzada. La jueza imputó a 21 personas, pero la Fiscalía podría acusar a muchas menos.
En estas dos piezas que quedan en Lugo se incluyen además las relativas al empresario Miguel García-Gesto, por un contrato de publicidad y la agresión de este imputado a la magistrada a la puerta de un conocido establecimiento lucense.
