Finalizaba la fijación de una posición muy crítica con el proyecto de presupuestos de la consejería de Servicios y Derechos Sociales y el diputado del PP Matías Rodríguez Feito, que había lamentado por escasas unas cuentas "de subsistencia" y territorialmente desequilibradas, se dijo abierto incluso, llegado el caso, a "olvidar" aquella intervención suya. "Si tenemos que anteponer el interés general de los asturianos, lo haremos", proclamó el parlamentario en respuesta a una petición de responsabilidad enviada desde la bancada socialista. Criticaba Rodríguez Feito con el mismo mecanismo que en la comparecencia presupuestaria anterior había utilizado su compañero David González Medina, con dureza pero dejando entreabierta una puerta. "Olvidaré esta intervención a pesar de lo amargo de este trago presupuestario", remachó Feito, hablando sin hablar del sentido del voto de los populares respecto al diseño de cuentas autonómicas para 2017, que había llevado a la Junta a la consejera de Servicios Sociales.

Pilar Varela venía de defender una dotación de recursos que reserva 392 millones para su departamento, un ocho por ciento por encima de la que consignaba el presupuesto prorrogado de 2015. La Consejera había desmenuzado los beneficios previstos de un plan que sube a 105 millones desde 83 la partida del salario social y, entre otras muchas variaciones, eleva en 5,4 la asignación del ente autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), donde el Principado prevé abrir 202 nuevas plazas, 152 públicas y cincuenta concertadas, además de trece en centros de día, que han de suponer 58 empleos. El presupuesto todavía carece de previsión concreta, porque aún no puede hacer una valoración, argumenta Varela, sobre la devolución comprometida de las cantidades cobradas indebidamente a los herederos de personas fallecidas en las residencias del ERA, pero sí garantiza, "el conjunto de servicios del sistema público de servicios sociales".

Varias veces, y sobre todo al llegar a la valoración de la dotación de la dependencia, la Consejera lamentó el desequilibrio en las aportaciones del Gobierno autonómico y la administración central. Ella calcula que en ese capítulo, que si se aprobara el proyecto crecería cuatro millones sobre el gasto ejecutado en 2015 para llegar a 32,4, Asturias pone más del 86 por ciento de los recursos. Y los recortes aplicados por el Estado desde 2012 han supuesto, remata, que el Principado dejara de ingresar 42,7 millones, suficiente "para atender a 110 personas un año".

También fue a preguntas del PP que la Consejera detalló el daño que haría otra prórroga a su departamento. "Un perjuicio que no tiene sentido", valoró, que obligaría a modificaciones presupuestarias y a "meses de gestión", como este año, para salvar la diferencia de unos treinta millones entre el presupuesto prorrogado y vigente de los servicios sociales y el proyecto presentado para 2017.

No convenció al PP, que pese a la puerta que se abrió al final criticó el diseño por su desequilibrio territorial centrado en el centro y por su dotación económica "de subsistencia", pero sobre todo incomodó a Podemos. Poniendo sobre la mesa una prueba más del desencuentro entre los morados y el Gobierno, la diputada Rosa Espiño reprochó la baja ejecución presupuestaria del proyecto -"tan malo es un presupuesto prorrogado como el que no se ejecuta"-, también el descenso que observa en las partidas para dependencia mientras se incrementa el número de solicitantes -"con menos dinero no se atiende a más personas"- o "la política privatizadora que han llevado a cabo con algunos servicios en el ERA y que les ha llevado a aumentar el gasto".