El Principado ha planteado al Gobierno central que las subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas desgraven en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y no computen como ingresos para las pensiones no contributivas, ni parados, ni personas con escasos recursos. También se ha solicitado que la parte correspondiente al abono que aportan los propietarios de los inmuebles en el caso de las comunidades de vecinos pueda articular con préstamos a interés cero o próximos al cero.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, participó la semana pasada en la conferencia sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo presidida por el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que presentó varias propuestas destinadas a mejorar las políticas de rehabilitación edificatoria y favorecer el alquiler.
La rehabilitación de viviendas es uno de los grandes empeños del Gobierno regional, que ve en este campo un amplio abanico de posibilidades que abarca desde la accesibilidad hasta la eficiencia energética y la generación de empleo.
Los representantes del Principado trasladaron al Ministro la necesidad de buscar soluciones para impulsar la rehabilitación, así como la búsqueda de soluciones para que la concesión de ayudas no se convierta en un problema. Y es que las subvenciones computan como ingresos, lo que hace que en la declaración del IRPF se tengan que declarar y aquellas personas que cobran, por ejemplo, una pensión, o el paro, superan el mínimo y la declaración les sale a pagar a Hacienda.
Un plan prorrogado
Una de las medidas que planteó Varela fue que esas ayudas a la rehabilitación no computen en el caso de las personas que cobran pensiones no contributivas, el desempleo o tienen una situación económica de vulnerabilidad. Y para la ciudadanía en general incluso se planteó que pudiera fraccionarse a lo largo de varios años, según la cuantía, para evitar que dichos apoyos económicos se conviertan al final en un perjuicio.
El Principado fue incluso más allá, al proponer fórmulas que permitan buscar soluciones a los vecinos para que rehabiliten sus edificios más allá de las subvenciones públicas. Una de las medidas puede ser gestionar créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con un interés a tipo cero o próximo al cero.
Estas propuestas no serán aplicables en 2017, para el que se ha conseguido que el Gobierno central prorrogue el Plan de Vivienda aún vigente. Pero el Principado sí intentará que estas propuestas se pongan sobre la mesa para el próximo programa, con vigencia 2018-2021. Para su elaboración, la consejera de Vivienda propuso crear un grupo técnico de trabajo, integrado por representantes del Estado y de las comunidades autónomas, en el que se debatan las distintas propuestas que cada comunidad quiera aportar en función de sus necesidades y características.
La rehabilitación de viviendas y edificios se ha convertido en una opción fundamental para muchas empresas de construcción de cara a salir de la crisis y mantener e incluso crear empleo. Pero además, es un factor fundamental para evitar que muchas personas con dificultades de movilidad tengan que abandonar sus viviendas.
El Principado ha destinado unos 17,3 millones de euros en los últimos tres años a conceder ayudas a la rehabilitación, y tiene previstos otros 6,5 millones para el ejercicio 2017, a expensas de que se puedan conseguir más recursos.
Uno de sus retos es conseguir una mayor aportación por parte del Ministerio de Fomento para impulsar más la rehabilitación en la región, contemplada también en el pacto de concertación suscrito la pasada primavera entre el Gobierno regional, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO.
