A sus 35 años recién cumplidos, el Estatuto se conserva como una herramienta bien construida que no tiene la culpa de haber sido utilizada de forma deficiente. Juristas y politólogos, protagonistas de la construcción de la autonomía política de Asturias y observadores de su evolución, sentencian que el Estatuto de Autonomía del Principado ha perdido por el camino el vigor que a finales de 1981 prometía aquel diseño más que aceptable de la ruta a seguir. Es, según quien formule a su modo una opinión unánime, un buen instrumento para el desarrollo de las capacidades de la región que "no ha caído en manos de unos buenos administradores", o que ha sido víctima de los defectos organizativos de unos partidos políticos "cada vez más aislados de la sociedad", o que ha perdido el tren a remolque bien de las deficiencias de la propia "cultura política de los asturianos", bien de la poca pericia de los gobernantes para definir para la región un itinerario político, económico y social propio, específico, poco seguidista del marcado desde Madrid. La teoría de aquella pequeña constitución que transformó a Asturias en comunidad autónoma tenía buena pinta; la práctica de 35 años ha enseñado unas cuantas oportunidades perdidas.
Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y en 1981 ponente del texto del Estatuto a propuesta del Partido Comunista, define "bastante decepcionante" el desarrollo del marco normativo que proponía el Estatuto, "no tanto por la concreción legislativa" del texto, "que ha sido muy parca en Asturias", sino "sobre todo" por la oportunidad perdida de "un instrumento que ofrecía una posibilidad de defender los intereses de Asturias en relación con la política del Estado". Es él quien echa en falta "voluntad política" para hacer avanzar a la región por los márgenes que delimitaba el Estatuto y quien concreta esta imperfección evidenciando la ausencia persistente de una intención clara de "gestionar la comunidad autónoma con directrices propias". Las propias reformas de la norma, cuatro de 1991 en adelante vinculadas sobre todo a la ampliación del techo competencial, "nunca se acometieron a iniciativa de la comunidad autónoma, sino siempre que convino a los intereses del Estado. Nunca se ha manifestado la voluntad de emprender una modificación por necesidades propias, ha sido siempre por un aumento de competencias pactado previamente en Madrid para todas las regiones". La política, apostilla el jurista, la han hecho aquí "partidos dependientes de Madrid", Asturias también quedó "postergada" en la última oleada de modificaciones estatutarias y el Principado dejó en evidencia su escasa "influencia en la política estatal para cambiar los destinos de la autonomía". Por eso al final "no veo", concluye, "que la política autonómica haya tenido un desarrollo importante".
De aquel diseño institucional "correcto, acertado" para empezar a andar "no hemos obtenido ni el máximo ni en algunos aspectos un rendimiento satisfactorio", y ahora quien habla es el politólogo Óscar Rodríguez Buznego. Su veredicto poco reconfortante identifica el problema "en dos circunstancias que residen en la sociedad asturiana más que en el Estatuto". Uno es el "partidismo", entendido como una anomalía de funcionamiento interno y de utilidad "insuficiente" de los partidos en Asturias, el otro "la cultura política de los asturianos, que necesita una evolución que está siendo demasiado lenta". Por un lado, Buznego llama la atención sobre la necesidad pendiente de "un cambio organizativo" en los partidos, "incluidos los nuevos", "cada vez más aislados todos de la sociedad"; por otro, demanda un giro en eso que llama "cultura política" y que concierne a una población "más implicada en los asuntos de la región, más participativa y exigente con los poderes públicos". En esta autonomía de 35 años a la que a su juicio le faltan partidos "a la altura de las circunstancias", que apenas ha tenido estabilidad en las legislaturas de las mayorías absolutas, y no en todas, tampoco se le escapa al profesor la paradoja de que su diagnóstico se mantenga intacto incluso tras la irrupción de nuevas siglas que han adquirido protagonismo con la promesa de venir a cambiar las formas de hacer. Tampoco ellos, sostiene, "han puesto en práctica esa nueva cultura política", y menciona a Foro y Podemos por la magnitud de la representación que tienen o han tenido, e introduce así un asunto que da para un análisis propio. "El resultado de todo esto", acaba Buznego, "es mi balance: la autonomía política es un recurso de enorme valor sin embargo muy infrautilizado por los asturianos".
Ignacio Villaverde, catedrático de Constitucional, alegoriza el balance como "un cuadro de claros oscuros". Asturias, concreta, "no ha sabido reinventarse con la excusa del Estatuto de Autonomía" y al escaparse ese tren "ha condicionado el éxito sociopolítico de un buen Estatuto, que no ha necesitado más reformas que otros y que todavía da mucho juego". Además de un "desarrollo legislativo mínimo en comparación con otras regiones", y el jurista ejemplifica aquí con la ausencia de una ley de régimen local, estos 35 años han edificado una administración pública que "rompió" la inercia de un buen arranque para convertirse a partir de los noventa "en el brazo administrativo del Ejecutivo", que acabó por "perder el vigor que tuvo en los ochenta" y que es hoy "un gran monstruo varado". A sus 35 años de autonomía, concluye Villaverde, "esta región ha perdido la batalla. El impulso que tendría que haberle dado el desarrollo legislativo y administrativo de un buen Estatuto de Autonomía lo hemos extraviado con el tiempo porque ha quedado preso, rehén de los actores que dominan la escena económica y política y que están más preocupados por sus propias luchas internas y por ajustar cuentas con el pasado que por proyectar a la autonomía hacia el futuro".
Nada de esto es, concluirían a coro los observadores consultados, culpa del Estatuto, que tiene su margen de mejora y de reforma sobre todo en el sistema electoral, cuya revisión al menos Villaverde y Rodríguez Buznego se muestran partidarios de estudiar.
A esa modificación de la norma fundacional de la autonomía se muestra reacio Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León y uno de los ocho nombres de la comisión de expertos que dio a luz el Estatuto, él a propuesta del PSOE. "No creo que sea necesario reformarlo", responde con rotundidad. "Ésa es una manía de juristas, las más de las veces enredantes". El jurista y exeurodiputado examina estos 35 años de autonomía poniendo en el haber "un desarrollo rural y paisajístico muy notable" y en el debe "asuntos de fondo que siguen sin resolver". Menciona aquí la necesidad de que Asturias coja el tren que le queda, "el desarrollo de las infraestructuras, especialmente de la Variante de Pajares", y propone como "urgente el diseño de una política forestal que favorezca los asentamientos rurales".
