La fiscalización de la actividad de la Administración

El Tribunal de Cuentas reprende a Asturias por abusar de las encomiendas de gestión

El organismo censura el uso "reiterado" de este mecanismo en todas las autonomías para suplir las carencias de las plantillas públicas

06.01.2017 | 03:44

El Tribunal de Cuentas ha regañado a las comunidades autónomas por el abuso y uso incorrecto del mecanismo de la encomienda de gestión, en particular por emplearlo de modo anómalo para suplir carencias de personal en las plantillas públicas. El informe del organismo censura la "reiterada" preferencia de los gobiernos autonómicos por esta práctica que con excesiva frecuencia deriva a empresas externas las tareas propias de la Administración. El documento recopila las reprimendas efectuadas en cada región por los órganos fiscalizadores autonómicos y en Asturias se remite al informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas en 2015 y correspondiente al ejercicio de 2013.

El examen del Tribunal, aprobado a finales de diciembre, alerta contra estos encargos cuando atañen a funciones que por su naturaleza son "estructurales" y que por tanto "no responden al carácter concreto y específico que deberían tener las encomiendas de gestión". La recopilación efectuada por los distintos entes fiscalizadores sitúa a Asturias en 2013 como la sexta autonomía que más recurrió a este mecanismo, con 135 encomiendas, pero la undécima por el importe global de las operaciones acometidas de este modo, 17,5 millones de euros.

Destaca el documento que Asturias era en el ejercicio examinado una de las tres regiones que carecían de una normativa autonómica específica para regular esta figura, sólo junto a Castilla y León y La Rioja. El Tribunal de Cuentas se detiene, como en su día hizo la Sindicatura, en las anomalías detectadas en las encomiendas del Principado a la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA), objeto de investigación judicial por presuntas irregularidades en el despliegue de la red de fibra óptica, que a juicio de los entes fiscalizadores no podría haber recibido encomiendas al incumplir la obligación de ser considerado "medio propio" del Principado, ya que "no realiza la parte esencial de su actividad para la Administración de la que depende". El análisis también detecta que en Asturias y otras siete autonomías el objeto social de algunas de las entidades adjudicatarias de encomiendas "es muy amplio, lo que propicia que se hayan utilizado como 'medio para todo'", y se hace eco de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló una encomienda del Principado a la Fundación de Artención a la Discapacidad (FASAD) por considerar que al encargarle el análisis de la documentación para acreditar centros de servicios sociales le estaba encomendando funciones propias del sector público.

También encuentra en Asturias el encargo de "potestades reservadas a funcionarios públicos" y se enfatiza que "en ninguna de las encomiendas consta la realización de un análisis previo y riguroso que justifique la elección de este sistema de gestión frente a otras posibles alternativas".

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