La juez Pilar de Lara ha reactivado el caso "Pokemon", en el que investiga presuntos tratos de favor de políticos a la empresa de aguas Aquagest a cambio de viajes. El pasado 21 de diciembre, la juez de Lugo emitió un auto en el que reclama documentación relativa a viajes supuestamente pagados por Aquagest a políticos de de Lorca (Murcia) y Benidorm (Alicante).
El procedimiento guarda similitud con los casos investigados en Asturias, ya que la juez exige a la agencia de viajes que trabajaba con Aquagest la relación de pasajeros de ciertos vuelos y estancias, tras la denuncia de un edil de Ciudadanos, que vinculaba los tratos de favor con sobrecostes en obras de abastecimiento de aguas. En concreto, la investigacion indaga si facturas de obras por un monto de más de 18 millones de euros fueron cargadas a la emprea mixta de Aguas de Lorca para ser directamente adjudicadas a "empresas pantalla" vinculadas al grupo al que pertenece Aquagest. Además, la juez pide que se investigue si empresas del grupo contrataron a familiares de políticos.
El auto de De Lara relaciona algunos de los viajes con la investigación que lleva a cabo en Asturias al señalar que debe dilucidarse si se trata de un concejal de Benidorm "la persona agasajada con el viaje a Nueva York en 2008, misma ciudad a la que viajaron también, presuntamente, a cuenta de la empresa, Agustín iglesias Caunedo, concejal del Ayuntamiento de Oviedo por el PP, y Manuel Pecharromán, concejal del Ayuntamiento de Gijón por el PP".
También ordena investigar presuntos viajes a Munich de autoridades de la misma zona, así como gastos pagados por el grupo al que pertenece Aquagest al exalcalde de Elda, Juan Pascual Azorín Soriano, y su esposa.
Otra de las ramificaciones del auto se refiere al exvicealcalde de Murcia Joaquin Moya-Angeler, a quien vincula con varios viajes y alojamientos, uno de ellos en un hotel que aparece identificado como el ovetense Hotel de la Reconquista.
Ante todas estas sospechas, la juez ordena que se reclame documentación tanto a los ayuntamientos sobre los que investiga, como relativa a los posibles pagos entre empresas del grupo de Aquagest y entidades mixtas.
De este modo, la ya extensa y enmarañada "trama del agua" que investiga la juez de Lara se extiende ya al Levante, después de que naciese en Galicia, Asturias y alcanzase a empresas del grupo en Castilla y León.
