Asturias amplía su lucha contra la plaga de la patata a once concejos del Occidente. A las siete zonas infectadas -San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero-, el Principado suma ahora otras cuatro que declara de "especial vigilancia": Tapia de Casariego, Coaña, El Franco y Villayón. La consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha decidido ampliar el número de municipios en alerta ante el temor de que la polilla guatemalteca ya se haya extendido por los territorios limítrofes. "Es necesario poner medidas cautelares en estas zonas intermedias, ya que es posible que en ellas encontremos la plaga, aunque todavía no tengamos evidencias", aseguró la consejera, María Jesús Álvarez.

Esas medidas y las obligaciones a las que estarán sometidos los productores y los comercializadores se publicaron ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) en forma de una resolución transitoria. El documento tendrá vigencia hasta que el Ministerio de Agricultura saque en el plazo de dos meses un real decreto para erradicar la plaga, que contempla la prohibición de la siembra de la patata por dos años consecutivos en el occidente de Asturias y en Galicia. Mientras tanto, la consejería de Desarrollo Rural puede recomendar no plantar pero no prohibirlo. De hecho, Sanidad Vegetal afirma que la variedad temprana ya está cultivada.

La resolución del Principado obliga a los productores, tanto profesionales como de autoconsumo, de los once concejos occidentales a declarar "la superficie plantada o a plantar en el presente año". Con el fin de obtener la máxima información sobre el cultivo, los comerciantes o puntos de venta de patata de siembra deberán además recabar todo tipo de datos de los compradores -nombre y apellidos, teléfono, cantidad adquirida y parcela o lugar de siembra y código de concejo, polígono y parcela- para remitirla de urgencia a la dirección general de Desarrollo Rural y Agroalimentación. Los agricultores que incumplan estos requisitos se enfrentarán a sanciones y a no ser indemnizados por las plantas dañadas. Según fuentes del Principado, los diferentes baremos de las indemnizaciones se fijarán en las próximas semanas entre Asturias, Galicia y el Ministerio. Serán iguales en todo el territorio, aunque habrá varios tipos en función de si se trata de un agricultor o un almacén. Hasta ahora, en la región se indemnizó con 30 céntimos el kilo las 4.000 toneladas recogidas. El dinero provendrá de las comunidades autónomas y del Ministerio.

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales insistió ayer que "la colaboración ciudadana es muy importante". "No sólo para la colocación de trampas, sino para hacer un seguimiento exhaustivo de la plaga", ahondó María Jesús Álvarez, que considera clave que "no se trasladen patatas de un sitio a otro" y que "nos tomemos en serio esta plaga, que está haciendo mucho daño". "Galicia tiene un problema muy grave y aquí tenemos que intentar que no siga avanzando territorialmente", añadió. Para ello, el Principado pide a los operadores del tubérculo que notifiquen "cuando detecten síntomas o sospechen que pueda estar presente la Tecia solanivora en sus instalaciones". En caso de localizar la plaga, la Administración procederá a la "inmediata destrucción" de la producción en almacenes y cultivos de cualquier punto de Asturias. Asimismo, los ayuntamientos "reforzarán la vigilancia de la procedencia de los tubérculos que se vendan en los mercados locales, constatando el origen de la patata comercializada y adoptando medidas para impedir en su caso su circulación".

La Consejería hace también una serie de recomendaciones a productores y comercializadores, entre las que destacan la utilización de semilla libre de la plaga, certificada y con garantía sanitaria, realizar tratamientos fitosanitarios y eliminar las plantas de cosechas anteriores. En los almacenes se aconseja separar la patata que sea para semilla de la de consumo y colocar trampas.

La plaga de la polilla guatemalteca, originaria de Centroamérica, entró en Europa en 1999 a través de Canarias. La introducción de patata procedentes de las islas "de forma irregular" es una de las hipótesis que maneja el Ministerio de Agricultura sobre la entrada del patógeno en el norte de España. "Cabe la posibilidad de que algún particular trajera una pequeña cantidad para uso propio", ya que desde Canarias no se permite la comercialización desde la existencia de la plaga.