Cuando el tardofranquismo vislumbró la democracia y un poder judicial independiente se sacó un as de la manga: que la instrucción judicial corriese a cargo de los fiscales, el cuerpo que aplica la política criminal del Gobierno. Esta posibilidad sigue sin cuajar. El ministro socialista Francisco Caamaño trabajó en una reforma para dar la instrucción a la Fiscalía. Esther Fernández, fiscal superior de Asturias, elaboró por aquella época una ponencia favorable. En 2013, un grupo de expertos, entre ellos el magistrado del Supremo Antonio del Moral, antiguo fiscal, elaboró un borrador de reforma de ley de Enjuiciamiento Criminal con más protagonismo para el fiscal en la instrucción, aunque con el contrapeso de un juez de garantías. Tanto Fernández como Del Moral, junto con el juez decano de Guadalajara, Jesús Manuel Villegas, debatieron ayer sobre esa reforma pendiente en la última jornada de las XII Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, en el Colegio de Abogados de Oviedo.
Fernández volvió a defender que sean los fiscales quienes instruyan. "Si voy a llevar la acusación, déjenme buscar las pruebas", pidió. Y abogó por un cambio de paradigma: "No podemos hacer de la instrucción un juicio con efectos terribles. Hay que ir a una instrucción mínima de cara al juicio oral, que es donde deben practicarse las pruebas".
La fiscal superior planteó dudas sobre el borrador de 2013, que, entre otras cosas, permite como ahora recurrir todas las decisiones, "acto por acto". Confrontada con la dependencia de la Fiscalía respecto del poder político, Fernández pidió superar la imagen del "fiscal como la persona que va a acusar y que busca delitos donde no los hay". El fiscal se rige por el principio de legalidad y es imparcial. "No tiene necesariamente que acusar, puede cambiar de postura", añadió. Y frente a quienes defienden la "aureola divina" del juez de instrucción, Fernández incidió en que éste "ha olvidado su papel de juez de garantías", y ya desde el principio de la instrucción "se ha formado una idea" sobre el investigado, de forma que "se puede intuir si una persona va a terminar en juicio". Un juez de garantías, dijo, haría más caro el proceso.
Del Moral se colocó en una posición intermedia. "El problema clave es qué valor damos a lo que se ha hecho antes del juicio oral. No podemos prescindir de ello, perderíamos muchas bazas en lo que es una de las bases del proceso penal, conocer la verdad". El juez del Supremo se remitió al ejemplo de Italia, que ensayó una reforma parecida y tuvo que dar marcha atrás. Defendió por tanto que el fiscal instruya, pero sometido a contradicción por las partes y con la figura del juez de garantías monitorizando el proceso. Dando la razón a Fernández, indicó que al juez instructor "le sale el sesgo acusador".
Jesús Manuel Villegas, juez él mismo de instrucción, se opuso de forma tajante a que los fiscales asuman la investigación. "Supondría un cambio espantoso, dejaría sin armas a las defensas, como ocurre en Estados Unidos. Desequilibraría el sistema, aumentaría los poderes de la policía", opinó. Aseguró que la idea responde al "agobio de los políticos por la corrupción". "Están obsesionados con quién debe investigarles, y ven a los jueces como inquisidores. Y el fiscal, alguna relación tienen con el poder", advirtió. Villegas defendió una investigación más rápida, sencilla y dinámica, una policía judicial desligada del poder y la creación del juez de libertades que controle las investigaciones. Y avisó a los abogados: "Si instruye el fiscal, serán los más perjudicados. No se traguen ese sapo".
