La defensa de José Ángel Fernández Villa ha presentado el esperado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por la decisión de la jueza que instruye la querella del SOMA de rechazarle la práctica de diversas pruebas adicionales, entre ellas la citación de 34 compañeros del sindicato, la inclusión en las causa de las actas de los comités intercentros y diversa documentación contable.
La letrada de Villa, Ana G. Boto, aduce que sus peticiones han sido rechazadas "de forma automática sin una verdadera motivación que satisfaga el derecho a la tutela judicial efectiva". La abogada estima que la titular del Juzgado número 2 de Oviedo, no ha justificado su decisión, al tiempo que "las generalidades y vaguedades con las que se exterioriza en la resolución recurrida el rechazo de los argumentos del recurso (...) constituye un claro ejemplo de la criticable práctica forense de usar fórmulas estereotipadas". Y es que "las catorce hojas que componen el recurso de reforma se despachan en menos de doce líneas que nada dicen sobre las alegaciones".
Vuelve a insistir la letrada en la nulidad de actuaciones debido a la "imposibilidad mental" de su cliente y su situación de "vulnerabilidad". La familia de Villa ha solicitado a la Fiscalía que inste su incapacitación. El recurso se remata resaltando la "excepción" que supone que se impongan las costas a su cliente por los recursos rechazados, sin que se justifique por la magistrada. "Lejos de explicar la 'temeridad' en la que se ha incurrido, parece querer castigarse la economía de quien acude al juez implorando que se le permita defenderse, quizás en la convicción de que ese castigo le disuada", concluye.
