Javier Díaz Dapena explicó que el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, "dio alguna explicación de su actividad. Es un profesional y desconocía cualquier irregularidad". Además de mostrar su satisfacción por la libertad de su cliente, expresó su sorpresa por la petición fiscal de un millón de euros para Postigo y otro tanto para el constructor de la residencia de Felechosa. "Es una cuantía nunca vista en Asturias", aseveró.
La investigación se inició tras conocerse que Villa y Postigo habían aprovechado la amnistía fiscal del PP en 2012 para regularizar 1,4 millones en el caso del exlíder minero, y 300.000 en el caso de su lugarteniente.
La legalización de ese dinero se conoció públicamente en 2014, y a partir de ahí se produjo una sucesión de hechos que llevó al Montepío de la Minería a iniciar su propia investigación interna, con auditorías incluidas, y se descubrió que no se habían ejecutado obras incluídas en el proyecto y pagadas, y que tampoco se habían utilizado materiales de la calidad que se habían presupuestado.
Las pesquisas de Anticorrupción se han prolongado durante dos años y medio. Por el camino se ha sabido que la obra se adjudicó a una pequeña constructora de Lena, Alcedo de los Caballeros, propiedad de José Antonio Fernández, amigo de Postigo. A la par, el arquitecto, Manuel Sastre, también de Lena, se hizo cargo del proyecto y el desarrollo de la obra. Y aparece también el asesor fiscal del Montepío de la Minería, que en teoría estaría al tanto de las presuntas maniobras.
Anticorrupción solicitó reiterados aplazamientos que alargaron la investigación, hasta que se desató la "operación Hulla" el pasado martes, y en la que Fiscalía ha puesto sus ojos sobre más de medio centenar de personas. Los registros y las citaciones también se desarrollaron en el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras (IRCM), que firmó el convenio con el Montepío de la Minería para desarrollar el proyecto y que, al parecer, limitó su intervención a abonar las cuantías que se le facturaban.
