Más de 10.000 folios son los que acumula la Fiscalía Anticorrupción contra el exlíder minero José Ángel Fernández Villa y el resto de implicados en el "caso Hulla", en el que se trata de esclarecer si la construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería en Felechosa explicaría, al menos en parte, el origen de la fortuna de Villa y también de José Antonio Postigo, el que por entonces era el presidente de la mutualidad y lugarteniente del otrora poderoso secretario general del SOMA. Fuentes próximas al caso indicaron que las pesquisas aún no han terminado, con lo que el volumen de la documentación continuará aumentando.
Los procuradores y abogados de los principales encausados en el "caso Hulla" tendrán hoy acceso a toda la documentación, una vez que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Begoña Fernández, levantó el secreto de sumario el pasado viernes por la tarde.
Será entonces cuando se pueda conocer cómo era el supuesto entramado que permitió a Villa y a Postigo acumular su fortuna. El primer aprovechó la amnistía fiscal del Gobierno del PP en el año 2012 para regularizar 1,4 millones de euros, mientras que el segundo hizo lo mismo con 300.000 y una de sus hijas con 60.000 euros. También se aclarará cómo, según Anticorrupción, se adjudicaron las obras de la residencia geriátrica del Montepío en Felechosa, si hubo o no partición de contratos, mordidas y sobre todo, cuántas personas están siendo investigadas, tanto en Asturias como en Madrid, en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) como en el Ministerio de Industria cuando se firmó el convenio con el Montepío, con Miguel Sebastián a la cabeza.
La construcción del centro residencial de Felechosa despertó sospechas desde que salió el proyecto a un presunto concurso que no fue tal. Fuentes de constructoras que se interesaron por el proyecto indicaron que "como en todos los sectores", en el de la construcción también se intercambia información. "Era un proyecto muy ambicioso y de gran volumen, que obligaría incluso a cualquier empresa grande a realizar subcontratas para abordarla", explicó una de las fuentes consultadas.
Sin embargo, en el sector pronto se empezó a correr el rumor de que el arquitecto era desconocido entre las compañías que se dedican a grandes obras, y también que "había una de Lena, muy pequeña y con un nombre raro que nadie sabía quién era, que se iba a presentar al concurso. Eso hacía sospechar que podría ser que ya estuviera decidida la adjudicación, pero cuando luego se le dio, parecía que se confirmaban las sospechas", explicó un reconocido empresario del sector de la construcción en Asturias. La pequeña constructora era Alcedo de los Caballeros, propiedad de Juan Antonio Fernández, uno de los cuatro detenidos la semana pasada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Anticorrupción pidió para él, como para Postigo, prisión y un millón de euros de fianza. Finalmente la jueza dejó a ambos en libertad con la obligación de presentarse cada 15 días. Igual que el exasesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, para el que se pedía cárcel y 400.000 euros de fianza.
El arquitecto desconocido por las grandes constructoras era Manuel Sastre, el único de los cuatro detenidos para el que Anticorrupción no pidió ni cárcel ni fianza.
