El Gobierno regional ha comenzado a negociar con los sindicatos la convocatoria de unas 5.000 plazas de empleados públicos. De esta cifra total, entre 3.000 y 3.500 podrían corresponder a sanidad y educación. Los procesos selectivos han de ejecutarse de aquí a 2020, según el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas y las centrales sindicales. El objetivo final se centra en reducir la tasa de interinidad en la Administración hasta el entorno del ocho por ciento de la plantilla total. "Lo ideal sería alcanzar un acuerdo en pocas semanas y que a principios del otoño pudiera ser publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA)", explicaron ayer fuentes de la Administración regional.
El Principado tenía a principios de este año 36.327 trabajadores. De ellos, unos 16.000 desempeñan sus tareas en el ámbito sanitario, en las filas del Servicio de Salud (Sespa), y aproximadamente 12.000 en el sector educativo (sin contar la Universidad de Oviedo). En los últimos tiempos, este periódico ha venido haciéndose eco del elevado volumen de jubilaciones que se registrarán en los próximos lustros. El dato es muy revelador: en quince años se jubilarán el 83 por ciento de los funcionarios y laborales de la Administración pública en Asturias.
En realidad, esta tendencia es intensa desde hace tiempo: cada año se retiran por edad más de un millar de empleados públicos de la región. Con un factor añadido: desde la llegada de la crisis no fue posible renovar las plantillas debido a las draconianas limitaciones en las tasas de reposición impuestas por el Gobierno central. La escasísima convocatoria de plazas fijas fue compensada con la entrada de interinos, que ahora copan una elevada tasa del total de puestos.
Sobre el papel, tanto el Ministerio de Hacienda como los gobiernos autonómicos son absolutamente partidarios de estabilizar la situación laboral de los empleados públicos. En esta línea, se ha trazado una estrategia nacional de cobertura de plazas que abarca el trienio 2018-2020. El Gobierno regional ha iniciado los contactos con los sindicatos para discutir las cifras sectoriales. Hasta el momento, se debate sobre 260 plazas para las consejerías de menor tamaño, cifra que no incluye los dos grandes sectores, sanidad y educación, que requerirán negociaciones específicas. Una cuestión relevante que deberá ser dirimida es si estas plazas ajenas a la educación y la sanidad se disputan mediante oposición o mediante concurso-oposición. Añadir la palabra concurso implica que, además de la nota obtenida en los exámenes correspondientes, se computan los servicios prestados. Las negociaciones antes citadas entre el Ministerio y los gobiernos regionales se inclinaban hacia el procedimiento de concurso-oposición como modo de facilitar el acceso a un puesto fijo a trabajadores que ocupan desde hace años una plaza interina de forma continuada. En sanidad y educación, el mecanismo de selección es siempre el concurso-oposición.
En el ámbito sanitario, el consejero Francisco del Busto ha señalado en varias ocasiones que su Departamento se plantea convocar unas 2.500 plazas en el citado trienio 2018-2020. Al margen de esa macroconvocatoria, en el momento actual están en marcha diversos procesos selectivos de médicos, y el Servicio de Salud (Sespa) pretende ofertar a lo largo de 2018 unas 500 plazas de celadores y auxiliares de enfermería. Esta cifra incluye buena parte de las plazas correspondientes a la tasa de reposición de jubilaciones del año 2016. El Sespa prevé el retiro por edad de 515 médicos hasta el año 2020, y de un total de 1.300 hasta 2025, circunstancia que pone en serio riesgo el relevo generacional en la sanidad pública asturiana.
