El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, desvelará hoy la alternativa para el futuro del tratamiento de las basuras. El fin de la vida útil del vertedero de Serín y los objetivos de reciclaje de la Unión Europea para el año 2020 obligan al Gobierno socialista a mover ficha y presentar el nuevo plan de gestión de residuos que forma parte del acuerdo de investidura con Izquierda Unida.

Lastra, que tomó posesión como nuevo consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente en junio pasado tras la dimisión de la anterior titular, Belén Fernández, afronta con el plan estratégico de residuos su primer gran reto para los menos de dos años que restan de legislatura. El Consejero tiene la misión de desbloquear una asignatura pendiente de gran calado social y político, por la relevancia que tiene para la región el tratamiento de los residuos y la trascendencia en las relaciones con IU. En la coalición han señalado la falta de alternativas a la incineración entre los incumplimientos socialistas en lo que va de mandato y aseguran que han dado un ultimátum al Ejecutivo para que presente ya su estrategia. El equipo de la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente tendrán un encuentro a primera hora de esta mañana con responsables de la coalición y posteriormente Lastra desvelará , en rueda de prensa, los detalles del nuevo plan estratégico. Una de las grandes incógnitas a despejar es si la incineración queda descartada de forma definitiva, como ha venido exigiendo IU.

La anterior responsable, Belén Fernández, había dejado la puerta abierta a la posibilidad de quemar la basura que no puede ser reciclada en las cementeras de la región, durante una interpelación que tuvo lugar en la Junta General el pasado mes de febrero y en la que el portavoz popular, Luis Venta, se quejaba de las "ambigüedades" del Ejecutivo de Javier Fernández en esta materia. La consejería de Infraestructuras ha consultado a casi dos centenares de entidades sobre la revisión del Plan de Residuos, cuyo contenido revela hoy. Para añadir más suspense a la decisión, que no ha sido comunicada al resto de fuerzas parlamentarias, el anuncio llega precedido de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que faculta al Principado para recurrir a la incineración.

La gestión de un nuevo plan que garantice el tratamiento de las basuras en Asturias lleva empantanado más de 14 años y ha sido objeto de varios litigios, promovidos en su mayor parte por colectivos ciudadanos y ecologistas. El movimiento asociativo y otras fuerzas políticas con representación en la Junta, (primero fue IU pero después se han sumado la práctica totalidad de la oposición) han exigido una apuesta más firme por potenciar el reciclaje de residuos, que en Asturias está en el 24%, muy lejos aún del 50% que exige la Unión Europea para 2020 y que se elevaría al 56% porque los residuos rechazados tras la recogida separada no computan. El Principado genera anualmente 626.300 toneladas de basura, de las que 516.000 van al vertedero de Serín, es decir no son objeto de reciclaje.