El "caso Marea" recibe su nombre de las iniciales de Marta Renedo Avilés, la jefa de Servicio de la Consejería de Cultura con la que se iniciaron las investigaciones a raíz de una denuncia presentada en febrero de 2010. Pero en realidad, el caso debería llevar las iniciales de Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), los dos empresarios de las que irradian las diferentes corrientes de esta marea de corrupción en la administración regional.
El caso llegó a tener hasta 43 imputados, todos ellos relacionados de alguna manera con los contratos o las dádivas de estos empresarios que, al final, no han salido tan mal parados -se les imponen seis años y medio de prisión- si se les compara con la propia Renedo, condenada a nueve años, o la exdirectora general María Jesús Otero, que recibe nueve y medio, según el fallo dado a conocer anteayer viernes por la sección tercera de la Audiencia Provincial.
Las relaciones entre Igrafo y Apsa eran de abierta competencia. Eran las dos empresas principales de la región del sector de papelería, material y muebles de escritorio, aunque también equipaban instalaciones deportivas, culturales y hasta realizaban obras. Entre 2004 y 2010, Igrafo facturó al Principado 49 millones y Apsa, otros 42, en total 91 millones en siete años. Esa dura competencia les forzaba a una búsqueda intensa de relaciones para obtener contrataciones públicas, de ahí la larga lista de funcionarios de todo tipo con los que se relacionaban y que recibieron sus regalos. Llegado un punto, ante el volumen de nombres que aparecían en las escuchas y en la documentación incautada, el segundo juez instructor del caso, Ángel Sorando, decidió acotar el caso a las contrataciones relacionadas con Marta Renedo y la Consejería de Educación en la época de Riopedre. Aún así, para llegar a los hoy ocho condenados fueron necesarios tres años y medio de investigaciones.
La investigación se inició con Renedo, descubierta a raíz de una inspección de Hacienda a Azucena F. V., una cajera de supermercado. A partir de ahí se descubrió que Renedo se había dedicado a crear cuentas a nombre de mujeres reales a través de las cuales cobraba del Principado por servicios ficticios que ella misma se dedicaba a tramitar, falsificando firmas de sus superiores, y haciendo figurar empresas a su nombre como Implans Mounts, sin actividad, o directamente inexistentes, como Oxiplans, a través de las que ingresó 1,1 millones de euros.
Fueron las escuchas a Renedo las que llevaron primero a Muñiz, con el que la exfuncionaria preparó el famoso contrato de 200 papeleras y mobiliario para el inexistente centro social de Belén de la Montaña, por unos 200.000 euros, y Alfonso Carlos Sánchez. Igrafo le hizo varias obras, como una piscina, y hasta donó 150.000 euros al equipo de baloncesto en el que jugaba la hija de Renedo.
El seguimiento del teléfono de Muñiz llevó a Otero y Riopedre, y de Otero de nuevo al empresario Alfonso Carlos Sánchez. La Policía descubrió que la exdirectora general amañaba concursos para adjudicar contratos a las dos empresas, mientras éstas se dedicaban a pagar mordidas a la directora general a través de trece cuentas o empresas a su nombre. También le pagaron diversas obras, viajes y todo tipo de gastos. Cada empresa desembolsó un millón de euros en sobornos para Otero. Igrafo hacía constar estos pagos en su contabilidad como "Atenciones y Liberalidades".
Fue entonces cuando la investigación se cobró una pieza de caza mayor, el hoy exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, hoy condenado a seis años de prisión. Amigos desde finales de los años setenta, el veterano político cometió el error de pedir trabajo a Muñiz para su hijo, y el empresario buscó la forma de cumplimentarle.
Entre Otero y Muñiz, con el conocimiento de Riopedre, como queda demostrado en las escuchas, urdieron una serie de contratos para la instalación del sistema de geotermia en el instituto de Infiesto, el Colegio Mayor América de Oviedo, la escuela de Arte de Avilés y el colegio Ramón de Campoamor, que se adjudicó a la empresa Nora Proyectos de Antonio Azorín, condenado a un año por falsificación en documentos mercantil y fraude a la administración. Éste subcontrató posteriormente a la empresa Geogal, propiedad de Ernesto Iglesias, hijo del político socialista.
En el juicio quedó demostrado que Iglesias se llevó el 8 por ciento de los contratos. De las escuchas, se deducía que Igrafo había pagado 150.000 euros relacionados con una nave de Iglesias en Galicia, al tiempo que APSA había pagado una máquina para Geogal por importe de otros 200.000. Además, a Riopedre, las empresas le pagaron dos viajes a Barcelona y Tenerife. El próximo jueves, cuando se conozca toda la sentencia, se conocerán los motivos exactos que llevan a la condena de Riopedre por los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho.
Las escuchas y la documentación permitieron también imputar al empresario Maximino Fernández (Asac Comunicaciones), condenado a un año y nueve meses de cárcel por facturar trabajos a la empresa de Renedo Implans Mounts que nunca se realizaron, y que permitieron cobrar a la exfuncionaria 223.000 euros. Adujo que lo había hecho para hacer un favor al Principado. Y también patrocinó el equipo de la hija de Renedo. El nombre del jefe de compras de Mieres, Francisco Javier Juárez, multado con 1.800 euros por cohecho, surgió a raíz del estudio de la contabilidad de Igrafo y Apsa, que le habrían regalado viajes y servicios por unos 60.000 euros. Es el único de los funcionarios menores que figura en la contabilidad de las empresas que ha sido condenado, con una pena benévola.
El menoscabo causado por esta trama a las arcas del Principado podría ascender a unos seis millones de euros. El fallo dado a conocer anteayer viernes no especifica las indemnizaciones que deberán pagar los ahora condenados, solo la establece en el caso de Ernesto Iglesias, que deberá pagar 99.405,21 euros de la responsabilidad civil que corresponda a Víctor Manuel Muñiz. El fallo indica que las indemnizaciones quedarán establecidas cuando vaya a ejecutarse la sentencia, un momento que puede demorarse algunos años debido a los más que presumibles recursos ante el Supremo.
