El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, anunció ayer la intención del Gobierno socialista de reactivar la ley de Transparencia para lo que abrirá una ronda de negociaciones con todos los grupos políticos de la Junta General. El anuncio del portavoz del Gobierno llega a rebufo de la sentencia de "Marea", el mayor caso de corrupción en la administración del Principado, en el que han sido condenados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la que era su mano derecha, María Jesús Otero, además de la funcionaria Marta Renedo y cuatro empresarios. El texto de la ley se encuentra actualmente en fase de enmiendas. El consejero de Presidencia espera llegar a "un mínimo común denominador" con el resto de fuerzas políticas para lo que ha anunciado el "máximo esfuerzo" por parte del Ejecutivo socialista.
El PP lamentó el retraso en la tramitación de esta iniciativa. El portavoz de Podemos, Emilio León, responsabilizó a los socialistas del bloqueo de esta ley al poner trabas a otras iniciativas planteadas por la oposición como la creación "de la brigada anticorrupción" y consideró muy corta la exigencia de responsabilidades económicas a los condenados, anunciada por el Principado, de al menos 5 millones de euros. León cifró en 15 millones lo defraudado a la Administración. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, abogó por la consecución de una mejora de los controles para evitar casos similares. La presidenta de Foro, Cristina Coto, fue contundente: "No espero absolutamente nada del Gobierno" mientras que Nicanor García, de Ciudadanos, pidió apoyo para la proposición de ley de su partido sobre la Inspección General de Servicios "tras el estrepitoso fracaso de los controles del Principado".
