Nuevo retraso en la sentencia del "caso Marea" de corrupción en la administración del Principado, aunque en este caso para dar respuesta al interés social que ha despertado este procedimiento. El tribunal había decidido que la sentencia se comunicaría esta mañana a los procuradores a través de una copia en USB, pero la Fiscalía solicitó el lunes que, dada la relevancia del caso, se convocase una vista pública, con presencia de los acusados y los perjudicados, para dar lectura a los hechos probados y al fallo judicial, por otro lado ya conocido desde el pasado día 1. El tribunal acordó que en la citada vista, que tendrá lugar el martes día 12, a las nueve y media de la mañana, se leerán los hechos probados, un extracto de los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia. Al término de su lectura, se entregará una copia de la sentencia, que tiene una extensión de unos mil folios, a los procuradores.

La convocatoria de esta vista da una oportunidad de oro a las acusaciones interesadas en pedir el ingreso en prisión de los acusados, como la ejercida por el Bloque por Asturias (integrado en Podemos), cuyo letrado solicitó anteayer martes la convocatoria de una vista para decidir si los condenados deben ir a prisión. En la que se celebre el martes, aunque haya sido convocada para la lectura de la sentencia, cualquier abogado puede instar el ingreso en prisión, según indicó el letrado de Podemos, Alberto Suárez. En opinión de esta parte, se trata de delitos de gravedad suficiente para decidir el inmediato ingreso en la cárcel. Otras partes, como las defensas, pedirán en ese caso que se mantenga a sus clientes en libertad, toda vez que recurrirán ante el Tribunal Supremo y la sentencia no es por tanto firme. Este recurso puede retrasar el ingreso en la cárcel de los acusados condenados entre dos y cuatro años.

El pasado viernes, la sección tercera de la Audiencia Provincial comunicó el fallo de la sentencia, por el que se condena a seis años de cárcel al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, nueve años y medio a su mano derecha, la ex directora general María Jesús Otero, y nueve año para la exfuncionaria Marta Renedo. También han sido condenados los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), Maximino Fernández (Asac) y Antonio Azorín (Nora). Cierra el abanico de condenados el exjefe de compras del ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez, al que se imponen 1.800 euros de multa. El hijo de Riopedre, Ernesto Iglesias, tendrá que pagar 99.400 euros de indemnización como partícipe a título lucrativo. El fallo no establece el monto de las indemnizaciones, que alcanzarán los cinco millones, según el Principado.