El juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Gijón ha admitido a trámite el recurso que los familiares de ancianos ingresados en residencias públicas asturianas interpusieron contra la negativa del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) a anular sus contratos de hospedaje. El tribunal dará curso a la demanda en la que los residentes reclaman que se tengan por nulos los compromisos por los que el organismo autónomo ERA cobró a los residentes mediante el viejo modelo del contrato de hospedaje mientras ya estaba en vigor la Ley de Dependencia, económicamente más ventajosa para los alojados. Durante al menos cuatro años, según reconoció en la Junta la consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela, se mantuvo el sistema "por error" y eso generó el cobro irregular de las cantidades que el Principado se ha visto obligado a devolver a los afectados.
El tribunal ordena ahora que se entre al fondo de la cuestión, revocando así la negativa del ERA, ejecutada por la vía del silencio administrativo. El órgano judicial requiere al organismo para que envíe los expedientes de los contratos de hospedaje y le emplaza para que se persone como demandado en nueve días. La plataforma de afectados entiende que el ERA engañó a los ancianos "como la banca a los preferentistas, pues todo el mundo estaba en el convencimiento que pagando el 75 por ciento de su pensión no se generaba deuda de ninguna clase".
