La abogada de Villa se quejaba amargamente el pasado junio ante la jueza que instruye el "caso Hulla" -el expolio del Montepío de la Minería- de que el exlíder sindical no tenía ni para comida, taxis o medicinas, después de que la magistrada Begoña Fernández ordenase el embargo de todas sus cuentas y propiedades, no solo las de él, sino también las de su familia. Un mes antes, Villa había ofrecido una cuenta con 450.000 euros para pagar la fianza de 434.158,43 euros que le impuso la magistrada Simonet Quelle Coto por el desfalco del SOMA, y ese dinero está ahora bloqueado en el Banco de Sabadell.

Pero la Fiscalía y los letrados de la firma Ontier, que defienden los intereses del sindicato minero, reclamaron un 30 por ciento más, tal como marca la ley, para hacer frente a intereses y otros gastos. La jueza les dio la razón. Villa recurrió ante la sección tercera de la Audiencia -la misma que le juzgara probablemente el año que viene-, y ésta acaba de fallar: el exlíder minero tendrá que depositar otros 130.000 euros para llegar a los 578.877,9 euros de fianza que se le impusieron.

La cuestión es de dónde sacará Villa esa nueva cantidad, dado que tiene todo embargado, eso sí, cautelarmente, en el marco de la "operación Hulla". La preeminencia la tiene teóricamente el proceso por la supuesta apropiación indebida de fondos del SOMA, que está ya muy avanzado, en fase secundaria. A partir de ahora se propondrán las pruebas a la sección de la Audiencia que lo juzgue, se celebrará una vista de previos pronunciamientos y se señalará la vista. Fuentes jurídicas indicaron que la segunda mitad de 2018 es el escenario más previsible para el juicio.