La ley ampara a Marta Renedo, por ahora. Los funcionarios sometidos a proceso penal quedan suspendidos provisionalmente, lo que "determinará la privación temporal del ejercicio de funciones y derechos inherentes a su condición", pero "tendrán derecho al abono de sus retribuciones básicas y complementos familiares". Eso es al menos lo que dice la ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado. La que rige para los funcionarios estatales es aún más generosa, ya que los sometidos a juicio penal pueden cobrar hasta el 75 por ciento de sus retribuciones.
Por tanto, Renedo está en su derecho de cobrar los más de 1.200 euros que viene pagándole el Principado desde hace siete años. Y así será hasta que la sentencia sea firme y comiencen a ejecutarse los 18 años de inhabilitación que le ha impuesto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Si gana, le pagarán a ella
En ese momento, la Administración del Principado podrá reclamar el dinero que ha estado pagando todos estos años. A contrario sensu, si la funcionaria resulta absuelta en virtud del recurso que a buen seguro presentará ante el Tribunal Supremo, sería el Principado el que tendría que abonarle las cantidades que ha dejado de pagarle. En la ley también se prevé la reincorporación (se utiliza el término rehabilitación) de aquellos funcionarios que hayan sido inhabilitados. Deben solicitarlo y se reincorporarán atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. En el caso de Renedo, en caso de ser condenada en firme por falsedad, prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho, hay pocas posibilidades de que fuese readmitida. No obstante, el Supremo ha acordado en alguna ocasión la reincorporación de funcionarios condenados por graves delitos, como malversación de caudales públicos.
Una vez que se ejecute la sentencia, el Principado reabriría el expediente sancionador que se le abrió a la funcionaria cuando se descubrieron sus manejos.
