Podemos también pidió el ingreso en prisión de los empresarios Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín) y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), al considerar que no han devuelto el dinero obtenido ilícitamente. Pero es que, además, uno de ellos, Sánchez, ha sido condenado ya a ocho años por delito fiscal, y el otro, Muñiz, será juzgado en breve por los mismos motivos.

La fiscal estimó que las empresas de estos dos acusados están quebradas, lo que limita la disposición de bienes para huir. Aparte de que tienen depositada una fianza de 150.000 euros, han cumplido con sus obligaciones de firmar en el Juzgado y han acudido a todos los señalamientos. Para la fiscal, la condena por delito fiscal a Sánchez es otro argumento a su favor. Y es que el empresario conoce el fallo desde hace año y medio y no se ha fugado. El abogado de Sánchez, Javier Díaz Dapena dio las gracias a la Fiscalía y al resto de acusaciones. "Lo fácil hubiese sido subyugarse al chantaje político, en el que ha llegado ponerse en juego toda una ley de Transparencia (en referencia al ofrecimiento de Podemos de apoyar el texto si el Gobierno pedía prisión para los acusados)", dijo. Otro partido se hubiese puesto la medalla, apuntó. Para Dapena, "no ha cambiado nada, la sentencia no es firme y la presunción de inocencia sigue incólume". Además, "al principio se pedían más de treinta años; ahora que son seis y medio, ¿nos vamos a echar al monte?", se preguntó.

Miguel Valdés-Hevia, abogado de Muñiz, mostró por su parte estupor. "Es la primera vez que veo que se recojan firmas públicamente para pedir la prisión", señaló en referencia a la campaña llevada a cabo por Podemos. Por lo demás, resaltó que su cliente ha estado a disposición de la Justicia desde que fue detenido en febrero de 2011. "Y está aquí 29 días después de saber que está condenado", añadió.