Los expertos recomiendan modificar las políticas laborales actuales para evitar "una sociedad de jóvenes y de mayores y jubilados pobres", lo que repercutirá en el conjunto de la sociedad española. Esta situación se ha visto acelerada con la crisis económica, que también ha tenido otras consecuencias, como reducir la brecha salarial por sexos, que ahora se vuelve a ampliar, y su influencia en los grupos sociales más vulnerables. De ahí que los especialistas reclamen que se aproveche la recuperación económica para impulsar el empleo de calidad y las políticas de apoyo a los mayores desempleados que son expulsados del mercado laboral.

Josep Moreno Gené y Luis Antonio Fernández Villazón, profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad de Lérida y de Oviedo, respectivamente, son coautores de la monografía "Crisis de empleo, integración y vulnerabilidad social, Aranzadi, 2017", que ayer se presentó en la Facultad de Derecho asturiana. El estudio compila el trabajo de investigación desarrollado durante cuatro años, en el que se analiza la inclusión activa y el empleo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El profesor Moreno explicó que desde el inicio de la crisis, "los mayores de 50 y 55 años es fácil que pierdan su empleo y su reinserción es prácticamente imposible". Antes "el Estado cubría esos casos hasta que esa persona llegaba a la jubilación, pero se cambió la legislación y ahora no sólo quedan desamparados pese a los programas que se financian, sino que las condiciones son tan precarias que las jubilaciones abocan a la pobreza".

En el otro extremo se sitúan los jóvenes, afectados por "políticas que dan prioridad a que trabajen pese a la precariedad de los empleos, impulsando incluso contratos precarios, como a través de las becas. Esto provoca que también los jóvenes sean pobres", señaló Moreno.

El profesor Luis Antonio Fernández Villazón analizó la vulnerabilidad de otros grupos vulnerables, como los que sufren algún tipo de discapacidad o por cuestiones de sexo. Según explicó, la recuperación económica ha provocado que se vuelva a abrir, por ejemplo, la brecha salarial y que aumente el paro entre las personas con alguna discapacidad. "El concepto en materia de discapacidad ha cambiado, para dejar de ser exclusivamente médico para ser también social. Pero pese a la legislación, se carece de ayudas y apoyos económicos para impulsar distintas medidas".