El ex interventor delegado del Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, Antonio Merino, mantuvo ante la juez instructora del "caso Hulla", la Fiscalia Anticorrupción y los abogados que no hubo irregularidades en la concesión de fondos mineros para la construcción del geriátrico de felechosa. "Es una decisión política, del Consejo de Ministros, como modificar la normativa" para darle cabida, explicaron fuentes judiciales.

También incidió en que no era necesario sacar la obra a licitación pública, ya que se trataba de unas concesión directa y remarcó que en todo caso pudo haber "deficiencias administrativas", pero "no de relevancia penal". Eso sí, trascendentes.

Merino declaró durante casi dos horas y su testimonio fue "bastante coincidente" con el que ya había realizado en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y en el Parlamento asturiano durante la Comisión de investigación, según las mismas fuentes.

También declararon esta mañana el arquitecto y la aparejadora contratados por el Montepio de la Minería para certificar las deficiencias en las obras de construcción del geriátrico de Felechosa.

En su testimonio confirmaron "errores" en sus informes iniciales sobre los problemas detectados en la fachada, reduciendo la zona afectada de más de 8.000 metros cuadrados a algo más de 4.600, según explicaron fuentes judiciales.

El informe

Según consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, existe un informe con fecha de 22 de diciembre de 2011 sobre el control financiero permanente de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro y sociedades mercantiles estatales firmado por Merino Díaz. En él consta, entre otros aspectos, que en el caso de los fondos concedidos para la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa (Aller), no se acredita la condición exigida para que la ayuda estatal superase el 1% del presupuesto. La construcción de Felechosa financió el 100% de la obra, casi 31 millones de euros. Además, el Principado debía financiar el 25% de las obras, y en este caso no aportó nada.

Pero además, la subvención debía otorgarse al Montepío de la Minería como entidad sin ánimo de lucro, y sin embargo se estaba pagando a la sociedad mercantil Residencia de Mayores S. L.

Este informe provocó que los últimos tres millones de euros certificados de la obra de Felechosa aún no se hayan abonado, pese a las continuas reclamaciones del Montepío de la Minería.