Gianluca Gardini, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Ferrara y Defensor del Pueblo (allí se dice "cívico") de Emilia-Romagna, acudió ayer a Oviedo para participar en el I Seminario Internacional de Derecho Administrativo, que abordó las "Nuevas perspectivas en la tutela de los ciudadanos frente a las administraciones públicas". Gardini abordó la cuestión de la transparencia, ante la que la Administración reacciona defensivamente, pero necesaria para legitimarse ante la opinión pública en estos tiempos de populismo rampante. El jurista, tras su ponencia, explicó que el conflicto catalán se ve como "un absurdo" en Italia, que debería haberse solucionado con política. Y pese a la presión de algunos políticos del Véneto y la Lombardía, niega que algo así sea posible en el norte de Italia.
- Dice que la transparencia no debe quedarse sólo en la persecución de la corrupción.
-Hay que pensarla como un instrumento para la realización de un derecho fundamental de la persona, el derecho a ser informado, a participar en las decisiones públicas. No puede volverse un fin en sí mismo. Después de que Italia y también España apareciesen en posiciones muy bajas en el listado de gobiernos corruptos, se pidió la introducción de medidas contra la corrupción utilizando la transparencia. La transparencia como desinfectante contra la corrupción, decían. Es claramente útil, pero necesitamos establecer las medidas de transparencia en función de un derecho del ciudadano, no solamente como instrumento de control generalizado. Detrás de la transparencia está el concepto de soberanía, de participación en los procesos públicos.
- ¿Cree que esa idea de participación está calando?
-Yo creo que tanto la ley española de participación, de 2013, como la de Italia, de 2016, pueden ayudar mucho a darle al ciudadano la posibilidad de participar. Sobre todo si los periodistas utilizan este instrumento para dar publicidad a informaciones de interés público. Eso, en los países anglosajones, se utiliza mucho. Allí tienen el término de "watch dog", perro guardián de la democracia. Estos instrumentos de control pueden ser un instrumento útil para la satisfacción del derecho individual. Y sobre todo si las administraciones cumplen con su deber de informar y dar acceso a las informaciones públicas.
- ¿Cómo están reaccionando las administraciones ante esta nueva cultura?
-No sé en España, pero en Italia tenemos varios problemas. Muchas administraciones no conocen este derecho generalizado, no contestan las solicitudes. El porcentaje de respuestas negativas o silencios sigue siendo muy alto.
- Se ve al ciudadano como un enemigo que quiere inmiscuirse.
-Exactamente. Hay que favorecer una cultura de la transparencia. La Administración se ve amenazada, pero debe cambiar de mentalidad, porque la transparencia es un elemento de legitimación ante la opinión pública. El gran problema que tiene ahora la Administración es una falta de legitimidad popular, todo el mundo desconfía de la Administración pública, de las instituciones.
- Antes ha citado a los países anglosajones. ¿Son menos corruptos que los del Sur o se trata de un mito?
-En estos elencos, como el de Transparency International, tenemos que decir que España e Italia están bastante bajos. Italia se coloca en el puesto 60.º de 176 países en términos de corrupción y transparencia. Pero hay que pasar este mensaje, las leyes de transparencia son positivas, porque las administración necesitan de instrumentos que generen confianza en los ciudadanos.
- España vive una crisis de legitimidad que se traduce en un incremento del populismo. ¿Ocurre lo mismo en Italia?
-Esta ola es una ola de antipolítica, contra las instituciones. Necesitamos reconstruir la confianza del ciudadano en las instituciones, pero no pensando en la transparencia como un elemento de control y sanción, sino como un instrumento cultural, constructivo.
- ¿Cómo ve un experto en Derecho italiano la crisis que vive España con Cataluña?
-Como un lío terrible, complicadísimo. Quienes no conocen el tema profundamente les parece absurdo, con esas imágenes de la Guardia Civil, pero claramente sin conocer la dimensión jurídica que hay detrás. Yo creo que todo se ha ido a los extremos. Deberían haber buscado un compromiso político, no haber llegado a esta reacción jurídica, a las sanciones. Esto no va a ayudar a las dos partes. Claramente hay un problema constitucional, porque no se puede declarar unilateralmente la independencia, pero tendría que haber sido solucionado de forma diplomática y política, no jurídica. Hay dos partes que enfrentan dos derechos. El derecho formal, constitucional está de parte de Madrid, pero también puedo entender las razones de los catalanes, sin olvidar que están realizando sobre todo acciones simbólicas. Con errores también, porque se equivocaron al declarar la independencia, cosas ilícitas.
- ¿Un conflicto similar es posible en Italia?
-No. El Véneto y Lombardía acaban de hacer un referéndum para tener una autonomía avanzada, como la que tiene Cataluña, pero no para separarse. Claro que hay políticos que empiezan a pedir una independencia a la catalana. Pero esto en Italia no tiene ningún tipo de posibilidad de éxito.
