Agarrado a las únicas peticiones de Podemos que han pasado el filtro de su presupuesto, el consejero de la Presidencia agitó delante de la formación morada sus concesiones: la unidad anticorrupción independiente del Gobierno, con su medio millón de euros en el proyecto de cuentas para 2018, y la admisión de las denuncias anónimas en el combate contra la corrupción. Eso es todo lo que podemos hacer por ustedes, vino a decir. "Ahora el compromiso ya tiene que ser suyo", dijo. Guillermo Martínez hizo de consejero y de portavoz del Gobierno, defendió en la Junta el presupuesto de su departamento y el del Ejecutivo y al hacerlo envió otra "llamada" al acuerdo cuyo eco volvió a resonar sin respuesta en el palacio de la Junta. Otra vez escuchó reproches.

Por toda respuesta, después de un agradecimiento por el "cambio de posición", el diputado de Podemos Daniel Ripa sacó la propuesta estrella de las que el Gobierno no les ha comprado y aprovechando que Martínez también había defendido su estrategia demográfica contraatacó con las escuelas infantiles. "Si quieren una propuesta para fijar población", le emplazó, "aprueben la integración de las guarderías y hagan la red universal, pública y gratuita".

Volvía a pedir lo que ya les han negado, convirtiendo la comparecencia de Martínez en la Junta en otra escenificación del punto en el que se encuentra el debate presupuestario: en plena huida colectiva de la responsabilidad del previsible fracaso del presupuesto. Nadie quiere la culpa y, salvo IU, que sigue viendo su mano en el diseño presupuestario aunque critica la pasividad negociadora del Gobierno, todos los demás grupos denuestan sin ambages el proyecto y la actitud. "Año tras año", responde a la contra Ripa, "prometen cosas que no ejecutan. Les cuesta asumir ciertos compromisos".

El Consejero desglosaba su parte del presupuesto, los 135,2 millones que tiene asignados su departamento -un 6,4 por ciento más-, con 53,2 para Justicia y de ellos uno para culminar la implantación del expediente judicial electrónico y 1,6 para aplicar el incremento retributivo pactado con los trabajadores.

El Consejero desmenuzó muy profusamente lo que se puede encontrar en su presupuesto; los otros grupos llamaron la atención sobre lo que le falta. Según quién hable, se echa de menos un plan de infraestructuras judiciales, un proyecto para implantar unidades de igualdad en las consejerías o los recursos para juventud que ayer, ante los grupos, rechazó por insuficientes la presidenta del Consejo de la Juventud. Sheyla Suárez reprochó la insuficiencia de los fondos, la inexistencia de una política de vivienda juvenil o las carencias de un remozado plan de retorno del talento para el que no se les ha consultado y que "se ha publicitado poco".

Diana Sánchez (Ciudadanos) retrata un presupuesto que "nació fallido, morirá el 22 de diciembre y mi grupo no será el culpable, sino ustedes por no traer un proyecto negociado", mientras Rafael Alonso (PP) identificaba "diferencias escasas" con el del año pasado y Pedro Leal (Foro) lamentaba un presupuesto "ficticio".