La Fiscalía solicita cinco años de prisión para Ana Gil, presidenta de una patronal de geriátricos privados, por apoderarse de subvenciones para planes de formación por importe de 288.300 euros. El juicio tendrá lugar en la sección segunda de la Audiencia el próximo lunes. Como perjudicado se ha personado un empresario del sector, Francisco Colell, que en 2006 sufrió un atentado del GRAPO, en el que él resultó herido y su esposa muerta.
Según el fiscal, el 18 de julio de 2006 tuvo lugar la constitución de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia, designándose como presidenta a la acusada. Gil presidía a su vez la Asociación asturiana de centros y servicios de mayores (Asacesema), con sede en Avilés. La acusada dimitió anteayer mismo.
En octubre de 2008 tuvo lugar en Oviedo una asamblea en la que se acordó el cese de Gil. En su lugar, fue nombrado Colell. No obstante, Gil consideró que dicho nombramiento no era legítimo y decidió seguir ejerciendo el cargo. El 8 de diciembre de 2008, solicitó una subvención a favor de la Federación a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo para la Ejecución de Planes de Formación, concedida el día 4 de junio de 2009. La subvención se otorgó con el objeto de ejecutar un plan de formación dirigido a trabajadores ocupados y, para llevarlo a cabo, se firmó en junio de 2009 un Convenio entre Gil y el Servicio Público de Empleo. La subvención, por un importe de 471.771,40 euros, fue abonada el día 26 de junio de 2009 en una cuenta de la Federación abierta por Gil. Al año siguiente, la acusada renovó la petición de subvención, por importe de 475.350 euros.
Si bien los cursos se fueron realizando, según el ministerio público, Gil decidió apoderarse de parte del dinero de las dos subvenciones (62.150 euros de la primera y 247.000 euros de la segunda), traspasándolo a dos cuentas bancarias de la entidad Asacesema de la cual era presidenta.
Gil presentó una demanda contra Colell en Zaragoza por usurpación, pero los tribunales no le dieron la razón e indicaron que ella no era presidenta de la Federación de Atención a la Dependencia. Según la Fiscalía, a pesar del pronunciamiento judicial, si bien abonó diversas cantidades a las entidades encargadas de la ejecución de los cursos, nuevamente con ánimo de lucro, remitió a las cuentas de la entidad Asacesema un total de 181.500 euros en 6 operaciones realizadas en enero de 2011, dejando la cuenta de la Federación con menos de 5.000 euros. El Servicio Público de Empleo inició procedimientos de reintegro al observar irregularidades en la justificación económica de las subvenciones decretando finalmente la obligación de la federación de devolver las ayudas. Aparte de la pena de cinco años de prisión, el fiscal solicita una multa de 6.000 euros y una indemnización a la Federación Nacional de Atención a la Dependencia de 288.300 euros. La entidad Asacesema, como partícipe a título lucrativo, deberá indemnizar a la Federación en 180.243,72 euros.
