Primero, "la oficialidad es nacionalismo". Segundo, el derecho que abandera una minoría acaba engullendo la libertad de una mayoría al "imponer" -no da la opción de elegir- el bable. Y tercero, no existe una llingua, sino "muchas variantes" que no se sienten identificadas con la "oficial". Éstas fueron algunas de las reflexiones más contundentes que ayer se pusieron sobre la mesa en una jornada organizada por el Partido Popular bajo el lema "Asturiano sí, oficialidad no". La mesa redonda, que llenó hasta la bandera el salón de actos del Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, contó con expertos en Derecho y Filología, así como con el relato del gijonés Joaquín López, que denunció haber sufrido la discriminación lingüística en Baleares.

En plena polémica con el asturiano y de una Cataluña divida por el independentismo, el PP cogió ayer "la bandera de la claridad", en palabras de su líder Mercedes Fernández, para explicar las consecuencias que tendrá para Asturias "la cooficialidad de la izquierda radical". Fernández habló de "división", dejó claro que "las autonomías no se pueden fotocopiar" -en referencia a aquellos que le recuerdan que su partido apoya la cooficialidad en otras comunidades, como Galicia- y cargó contra "el nuevo PSOE", que flirtea con Podemos e IU. Lo que proponen, insistió, "nos cambiará la vida a todos los asturianos".

El catedrático de Derecho y expresidente de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas, no tuvo pelos en la lengua a la hora de afirmar que "la oficialidad es nacionalismo". "Pedagógicamente no tiene ningún sentido, por tanto estamos hablando de un nacionalismo como marco para crear un proyecto político", expresó. Aunque en Asturias la cooficialidad no ha salido todavía de broncos debates de la Junta, Arenas insistió en que "no podemos quedarnos tranquilos viendo lo que está sucediendo en Cataluña, Baleares, Valencia...". El jurista asturiano puso el acento en dos conceptos que explican el fenómeno lingüístico: la oficialidad es "algo simbólico" y "se identifica como algo propio". Y ahí esta justamente el problema: "Si el bable es la lengua propia, la otra (el castellano) es la impropia". Que eslo que sucede en Cataluña. "Todo lo que hablamos o escribimos en una lengua se la restamos a la otra", enfatizó.

Con Félix Fernández de Castro, doctor en filología y profesor de la Universidad de Oviedo, la conversación viró hacia la visión lingüística. "Quienes defienden la cooficialidad utilizan dos etiquetas: el derecho a hablar bable y la existencia de un patrimonio cultural que debemos conservar", explicó Fernández de Castro para profundizar en su tesis. "Nadie les niega a expresarse en asturiano. Sin embargo, cuando imponen el derecho del que hablan están obligando al resto a utilizar su mismo código. Es decir, por unos pocos, el derecho se convierte en un deber".

La nota emocional al acto la puso el gijonés Joaquín López, que junto a su mujer Doris Burgstaller y sus dos hijos Aarón y Noah vivieron un infierno en Artá, un pueblo de 6.000 habitantes de Baleares. Se sentían ciudadanos de "segunda o incluso de tercera", les llamaban "fachas" y eran denigrados públicamente en cada esquina. Y todo porque querían que sus pequeños, por aquel entonces de 3 y 5 años, estudiasen las seis horas semanales de castellano que establece la ley. "A mis hijos les dejaban sin recreo por dar clases de castellano y en una cristalera que daba para el patio", contó. El suyo, insistió, "no es un caso aislado"; al año se presentan en Baleares unas 2.000 denuncias por temas lingüísticos, que sin embargo acaban "en el cajón" de la Administración. Ellos prefirieron luchar y denunciar. Eso les costó mucho sufrimiento, por el que no están dispuestos a pasar si llega la cooficiliadad a Asturias. "Nos hacían sentir como si hubiésemos asesinado a alguien... Allí hay mucho miedo, porque es enfrentarse a toda una maquinaria", concluyó.