Una exfuncionaria de la Consejería de Educación será juzgada el próximo miércoles en el Penal 2 de Oviedo por un presunto delito de prevaricación, por el que la Fiscalía solicita una pena de ocho años de inhabilitación. Al parecer, la mujer, que ocupaba una jefatura de servicio cuando se produjo el presunto delito, habría partido en dos un contrato para evitar el concurso, adjudicando ambas oferta a la misma empresa.
Los hechos se remontan a 2013, cuando la ahora acusada era jefa del servicio de formación del profesorado y apoyo a la innovación educativa de la Consejería de Educación. Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, la ahora acusada solicitó el 13 de noviembre de aquel año una oferta de contrato menor para la creación de una "nueva aplicación de registro de formación del profesorado", con un presupuesto máximo de licitación de 17.999,99 euros más IVA.
El plazo de presentación de propuestas finalizaba el 20 de noviembre a las 14.00 horas. Se fijó como tope para concluir el trabajo el 20 de diciembre. La resolución aprobando el gasto se dictó el 27 de noviembre, por importe de 21.749,75 euros, que se abonaría en un solo pago al finalizar el trabajo, con plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre. La acusada firmó la propuesta de resolución el 22 de noviembre y se le adjudicó a la empresa Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea S. L.
De manera simultánea, la ahora acusada también solicitó una oferta de contrato menor para un "servicio electrónico para la descarga de certificados de formación", cuyo fin era permitir a los usuarios descargar un certificado válido y legal de su formación en el Registro de Formación de la Consejería. El presupuesto máximo de licitación fue de 17.999,99 euros, y la adjudicación fue para Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea S. L.
Según la Fiscalía, "los dos contratos se tramitaron de forma separada y con contratos menores, pese a que existía una interrelación funcional entre ambas aplicaciones". Las solicitudes de las dos ofertas eran de la misma fecha, y también los plazos para la presentación de las propuestas y de la finalización de los trabajo.
La única diferencia fue que "ambos fueron dirigidos al Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica para emitir su conformidad con la tramitación en fechas distintas, facilitándose de este modo que no se pudiese detectar la existencia de un posible fraccionamiento contractual". Esto supuso vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.
La acusada conformó la factura para pagar ambos contratos por un importe global de 36.209,25 euros el 27 de diciembre, pese a que ninguno de ellos estaba ejecutado.
