El orden del día enriquecido de la "cumbre" autonómica quiso añadir ayer un asunto que todavía no quemaba tanto cuando en Oviedo, en diciembre, se reunieron sólo los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León. La incorporación, ayer, de Aragón traía causa de la confluencia de la comunidad aragonesa en lo que atañe al porvenir de las minas de carbón y de las centrales térmicas que lo queman. Sin Galicia, solidarizada sólo de palabra con un problema que le atañe menos, Asturias, Aragón y Castilla y León suscribieron un acuerdo que deja claro para empezar que "no somos negacionistas" del calentamiento global ni "queremos que el futuro sea el basurero del presente", pero que sí les urge una transición "justa" hacia ese futuro y que eso pasa por que el Gobierno sea más protagonista que las empresas eléctricas en las decisiones de cierre de las centrales.

En la interpretación que ayer hizo en León el presidente del Principado, Javier Fernández, el de la energía se ve como un sector que "en términos europeos se denomina 'de interés económico general' , que está compuesto por empresas privadas que tienen poder de mercado, pro entendemos que no deben ser esas empresas que decidan cuándo se cierra o se abre una instalación. Algo debe tener que ver el regulador, el Gobierno de España, sea del color político que sea". Por eso en la letra del acuerdo firmado ayer se lee la reclamación de un "endurecimiento de las exigencias de la normativa de autorización de cierre de instalaciones".

Se trata de "dar la última palabra al Gobierno", apostilla el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, en un contexto complejo en el que un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestiona la capacidad del Gobierno para imponerse a las eléctricas por decreto. De ahí que el documento apostille "con todas las garantías legales", entrando de lleno en la batalla política: para cumplir las especificaciones técnicas haría falta una ley y la ley precisa del apoyo del PSOE del Congreso.

Javier Fernández volvió para justificarse sobre los efectos derivados que tendría el cierre de las térmicas de carbón sobre toda la economía asturiana y la reunión del palacio renacentista de Conde Luna, en el barrio Húmedo de León, hizo suya además la demanda de "flexibilidad" en las condiciones de devolución de las ayudas europeas a que están obligadas las minas de carbón a finales de este año, común a los intereses de las cuencas asturiana, leonesa y turolense.