La Mesa de la Junta General del Principado encendió ayer el mecanismo que puede desembocar en la destitución del síndico mayor. Con el reparo solitario del PSOE y sin pronunciamiento explícito de Ciudadanos -que tiene voz sin derecho a voto en el órgano de gobierno del parlamento-, los representantes de Podemos e IU se unieron a PP y Foro para dar de paso el acuerdo de inicio del expediente para que ahora la Cámara valore si hay motivos para la revocación del cargo de Avelino Viejo. Las cuatro fuerzas se bastan para sumar las tres quintas partes de los votos de la Cámara que, llegado el dictamen de la revocación hasta el Pleno, bastarían para dejar caer al único máximo responsable que ha tenido en su historia la Sindicatura de Cuentas, pero ese sería en todo caso el último paso de un proceso que ayer sólo cubrió el primero.
La incoación del expediente acordada en la Mesa necesita ahora la conformidad de la Junta de Portavoces -la recibirá previsiblemente el lunes- y a continuación, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, la instrucción del proceso residirá en la Comisión de Hacienda, que tiene la obligación de dar audiencia al interesado y que activará un procedimiento que según algunas versiones puede extenderse entre un mes y medio y dos meses. El dictamen que resulte, y que determinará si hay causa de cese o no, será lo que eventualmente se someterá a la votación del Pleno bajo esa exigencia de reunir a favor al menos 27 votos para consumar la caída de Viejo. Antes, la Comisión debe buscar argumentos para determinar si concurre el requisito indispensable que la ley establece para aceptar la revocación de un síndico: el incumplimiento de las obligaciones de su cargo.
El letrado mayor de la Cámara cree que de entrada no. Interpreta que no son suficiente motivo de cese las sentencias que reprueban los fundamentos de la política de personal de la Sindicatura y sus métodos de adjudicación de puestos de trabajo. La Mesa, en cambio, disiente y aprecia al menos lo que el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, vicepresidente segundo del órgano de gobierno de la Junta, llama "indicios racionales de incumplimiento". La petición, presentada por el forista Pedro Leal y respaldada por todos los representantes con voto salvo el del PSOE -el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo-, entiende que cabe activar el mecanismo de destitución a la vista de las resoluciones judiciales que "desautorizan las actuaciones del síndico mayor" y anulan unas decisiones que la Sindicatura adoptó además desoyendo las indicaciones de la Junta, lo que a su juicio define "una actitud de parcialidad, obstinación y rebeldía impropia de un síndico mayor". Se elige esta redacción a sabiendas de que los estatutos del organismo asocian a los deberes de los síndicos la observancia de "los principios de "imparcialidad, objetividad y dignidad".
Informe del Consejo
Una vez abierto el camino, y como trámite previo a su avance, la Mesa debe requerir un informe del consejo de la Sindicatura, el organismo que junto a Avelino Viejo integran los otros dos síndicos, Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez, que con distinta intensidad han manifestado ya su disconformidad con la situación. Si el informe no está listo en siete días, no obstante, el procedimiento seguirá su curso sin él.
De momento, al reproche político al síndico mayor, que toda la Junta salvo el PSOE respaldó el viernes, ya se suma este arranque del dispositivo parlamentario de cese, insólito en los trece años de existencia de la Sindicatura. Los socialistas, el grupo que propuso el nombramiento de Viejo, sujeta sus reparos con los argumentos de los letrados. Dicen sin decir que a falta del suficiente cimiento jurídico pueden quedar resquicios para que un eventual cese abra la puerta a un recurso judicial del perjudicado. Se abre un debate sobre las fronteras de un territorio hasta ahora no explorado en la Junta: los márgenes de discrecionalidad política que la ley otorga al parlamento, que nombra a los síndicos, para decidir destituirlos.
El portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, ya formuló el lunes su advertencia a los grupos que apoyan el inicio del procedimiento. "Si quieren tomar esta decisión por motivos políticos y no jurídicos, allá ellos. No todo se puede amparar en decisiones políticas". La base legal de la revocación es, no obstante, uno de los capítulos de esta intrincada historia que quedará sobre la mesa de la comisión.
