El parlamento asturiano fuerza al Consejo de la Sindicatura a mover ficha en el procedimiento abierto sobre el cese del síndico mayor, Avelino Viejo. La junta de portavoces decidió ayer, por mayoría, dar luz verde a la incoación de un expediente para determinar si el síndico mayor ha incumplido los deberes de su cargo en el proceso que ha rodeado a la sentencia del TSJA que anuló los criterios de selección de personal de la Sindicatura.
La Mesa de la Junta ahora deberá motivar la incoación del expediente revocatorio y una vez dado ese paso pondrá en marcha un procedimiento cuyo primer paso será pedir un informe al Consejo de la Sindicatura, que está integrado por los tres síndicos. El plazo para ese informe será de siete días pero el procedimiento seguirá adelante, aún sin el citado escrito.
La incoación del expediente salió adelante con los votos del PP, Podemos, IU y Foro, que se desmarcaron del criterio de los servicios jurídicos del parlamento. El letrado de la Cámara informó en la junta de portavoces que consideraba más adecuado llevar a cabo unas diligencias previas antes de activar el procedimiento de revocación. El PSOE y Ciudadanos votaron en contra al entender que esas diligencias previas podían despejar las dudas sobre la gestión llevada a cabo por el síndico mayor, cuya gestión ha sido objeto de controversia política desde que trascendió una sentencia del TSJA que anulaba los criterios para la provisión de puestos de trabajos correspondientes a auditores, auxiliares de auditoría, letrados y también el de director de fiscalización, que había sido objeto de designación directa.
La polémica creció en intensidad cuando Viejo declaró en una comparecencia parlamentaria que la relación de puestos de trabajo (RPT) anulada por los tribunales había sido aprobada por unanimidad en el Consejo de la Sindicatura. Esas palabras ante la comisión de Hacienda motivaron la reacción inmediata de los otros dos síndicos, Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez, quienes enviaron sendos escritos al presidente de la Junta General en los que ponían sus cargos a disposición del parlamento.
El debate para activar el procedimiento de revocación al síndico mayor acaparó gran parte de la junta de portavoces. El socialista Marcelino Marcos Líndez responsabilizó a los partidos que descartaron esas diligencias previas de "tomar decisiones sin las garantías necesarias para llevarlas a cabo, a sabiendas", a lo que el popular José Agustín Cuervas-Mons replicó que la incoación del expediente de cese "no prejuzga la decisión que se adopte tras valorar las pruebas".
Lorena Gil, de Podemos, fue taxativa: "El proceso es suficientemente garantista y su apertura está justificada porque un síndico no puede poner a dedo a quienes fiscalizan, resta credibilidad a la institución". Gaspar Llamazares (IU) afirmó que Viejo "no debería haber llegado tan lejos y tendría que haber dimitido tras su reprobación" y la forista Coto calificó de "deplorable" que la Junta General se vea obligada "a abrir un expediente disciplinario a un síndico que sigue atornillado al sillón tras ser reprobado". Nicanor García, que había pedido las actas de una reunión de la Sindicatura para aclarar la votación sobre la RPT anulada, "es una cuestión muy seria que debe estar motivada de forma razonada" y al margen de toda motivación política.
