El Gobierno central se ve solo en la defensa de un cambio legal que dé más argumentos para evitar cierres de centrales térmicas, como el anunciado para la instalación de Iberdrola en Lada, utilizando argumentos como el impacto que la clausura tendría en la factura eléctrica. Sólo los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Foro han expresado su respaldo. El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha expresado en algunos foros institucionales su preocupación por la falta de apoyo a la iniciativa parlamentaria. Ni el PSOE, ni Ciudadanos ni Unidos Podemos se muestran dispuestos a apoyar la reforma legal que daría más armas al Ejecutivo para frenar cierres unilaterales decididos por las empresas eléctricas.
Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se trata de una norma clave para mantener en manos del Gobierno la potestad de decidir sobre el escenario eléctrico y evitar así que el cierre acelerado de instalaciones térmicas termine por repercutir en el bolsillo de los ciudadanos y, también, en la competitividad de las industrias si se viesen obligadas a pagar más por su consumo.
Desde que el pasado 27 de abril fuera admitida a trámite por la mesa del Congreso la proposición de Ley para modificar la norma de 2013 sobre el sector eléctrico, el documento está a la espera de su debate en comisión, aunque las opiniones expresadas por el resto de partidos, salvo Foro, no despiertan optimismo en el Ministerio.
Esta modificación se centra, en cuanto al futuro de las térmicas, en cambios en el artículo 53. Así, el Gobierno central pretende introducir un nuevo apartado en el que se establece como condición para el cierre de una instalación que se tengan en cuenta sus posibles efectos en los precios de la electricidad, ya que podría incrementarlos al tener que sustituirse esa producción energética por otra generada mediante un procedimiento más caro.
Tres informes preceptivos
El nuevo apartado establece que el cierre definitivo o temporal de instalaciones de producción de energía eléctrica peninsulares con potencia instalada superior a los 50 megavatios requerirá de dictámenes preceptivos, que deberán emitirse en tres meses. En concreto, el primero de ellos tendrá que ser redactado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que emitirá "un dictamen motivado estableciendo si el cierre proyectado puede tener efectos significativamente desfavorables sobre los precios o la competencia en el mercado eléctrico".
Además, la Oficina de Cambio Climático estará obligada a emitir un informe sobre "el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero". Finalmente, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía tendrá que dilucidar si "el cierre proyectado puede suponer un impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos energéticos de energías renovables y eficiencia energética".
Hasta ahora, la ley consideraba únicamente como condición para bloquear un cierre que tuviese efectos en la garantía de suministro. Esta modificación introduce dos criterios más: la sostenibilidad ambiental y la posible incidencia de los cierres en la factura de la luz de los usuarios.
La proposición de ley de los populares establece que los dictámenes no serán vinculantes, aunque sí obligatorios, por lo que sería el Gobierno de España quien tuviese la última palabra sobre los cierres de instalaciones.
Paradójicamente, aunque el grupo parlamentario socialista no ve con buenos ojos la reforma, el gobierno asturiano considera relevante que salga adelante esta modificación legal. El pasado viernes, el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, insistió en la Junta General en la importancia de que la administración tenga armas que le permitan mantener el control sobre decisiones empresariales relativas a la energía, más aún teniendo en cuenta sus posibles efectos económicos.
Riesgo de deslocalización
El Ejecutivo asturiano ha insistido en que, con independencia de la necesaria tendencia a limitar las emisiones de dióxido de carbono, acelerar el cierre de centrales térmicas tendrá un impacto negativo en la economía asturiana. No solo por la pérdida de empleo de las propias instalaciones y sus efectos locales, sino también por la repercusión en los tráficos de carbón de El Musel y las consecuencias en las industrias de gran consumo energético que, con precios de la luz más elevados, resultarían menos competitivas y esto acrecentaría los riesgos de deslocalización. El Presidente del Principado ha llegado a afirmar que la clausura de las térmicas podría abocar a Asturias a "una nueva reconversión".
El movimiento de carbón en El Musel para generación térmica supuso 5 millones de toneladas, más del 20% de todos su tráfico. La anulación de esa actividad implicaría la pérdida de empleos directos e indirectos, vinculados al transporte.
