El Principado pondrá en marcha el próximo mes de octubre un protocolo pionero de detección e intervención contra el maltrato a los ancianos. Su aplicación, que comenzará con un periodo de formación, será extensiva a los ámbitos de Sanidad y Servicios Sociales, por lo que participarán los profesionales de atención primaria y de los servicios sociales municipales, aunque el objetivo es más amplio y se pretende incorporar también a empresas privadas, las policías locales y Justicia.
"Buscamos un sistema ordenado y coordinado, de tal manera que los malos tratos a los mayores se visibilice por el conjunto de la sociedad y entre todos los podamos erradicar", explicó Nerea Eguren, directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Asturias tiene aproximadamente 230.000 mayores, de los que unos 14.000 viven en residencias geriátricas y el resto en el hogar, propio o con sus familias. Es precisamente en el ámbito privado donde se producen la mayoría de los maltratos, que pueden ser físicos, psicológicos, económicos y sexuales.
El más habitual es el psicológico y va ligado al abandono. "La mayoría de los casos que se detectan son pacientes que viven solos o con familiares que no les atienden convenientemente. Muchos llegan a los servicios de urgencias hospitalarias con clara falta de higiene, algunas veces severa, lo que provoca que presenten infecciones. También muestran desnutrición y deshidratación", explica Manuel Bermúdez Menéndez de la Granda, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado.
El protocolo de detección e intervención se ha desarrollado con la participación de 14 profesionales de distintas disciplinas y se ha testado en siete municipios, nueve residencias geriátricas, ocho centros de salud y tres hospitales. "Es un documento sólido, que facilita a los profesionales herramientas para detectar, visualizar e intervenir en función del grado de maltrato al que se enfrentan", señaló Nerea Eguren.
Así, figura el maltrato leve, en cuyo caso los profesionales trabajan en el ámbito familiar. "Es fundamental cuidar al cuidador. Muchas veces la persona que está al cargo asume una responsabilidad a la que se enfrenta en solitario, sin tener con quién descargar tareas, y en muchas ocasiones combina esa atención con la del resto de la familia y otras labores. Supone una carga psicológica extraordinaria que en la mayoría de los casos subyace en el maltrato psicológico", añade la directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social.
Si el maltrato es moderado, será el Principado el que intervenga, mientras que si es grave ya se acude a la Fiscalía, al poder tratarse de un delito.
Testar y detectar
Ante las distintas variantes que se pueden presentar, el Principado quiere extender la aplicación del novedoso protocolo a todos los ámbitos de intervención posible. También a los servicios de ayuda a domicilio. "Sólo como servicio público se cuenta con unos 2.000 profesionales, que entran en los domicilios y pueden testar las condiciones en las que se encuentra la persona mayor, si está sola o con la familia, y la situación de quien le cuida. Pero queremos incorporar también a quienes realizan esta labor en el ámbito de la empresa privada, porque es fundamental contar con todo el apoyo posible", remarcó Eguren.
El protocolo se incluye no sólo en el plan sociosanitario que impulsan las consejerías de Servicios y Derechos Sociales y Sanidad, sino también en el Plan estratégico de envejecimiento activo. "Es necesario que las personas mayores sean conscientes de sus derechos y se empoderen, porque de esa manera es más difícil que se produzcan situaciones de maltrato. Tenemos que transmitirles que son sujetos de derecho, y que pueden y deben denunciar los tratos vejatorios y/ o violentos del tipo que sean", remarcó la directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social.
