La decisión del Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, de archivar las diligencias abiertas a instancias de los rectores de la Fundación del Niemeyer, quejosos porque el Gobierno de Foro aireó facturas y puso en duda su gestión económica, tiene la doble virtud de cerrar una de las polémicas que convirtieron en irrespirable la atmósfera que envuelve el centro cultural avilesino y bendecir algo que parece obvio: el derecho de los ciudadanos a tener información presta y detallada sobre cómo se gasta el dinero público. Bien está que la tensión acumulada en torno al Centro Niemeyer se vaya relajando; bastantes problemas tiene Avilés con lo que se le viene encima como para seguir chinchando en aquello que, de existir leal colaboración entre instituciones, hoy estaría funcionando a gusto de todos. Descartado que la judicialización del Niemeyer prospere, los retos inminentes son ahora dos: aclarar el futuro del patronato y empezar a pensar en la programación del verano, so pena de que el complejo de la ría cierre por vacaciones en el momento más inoportuno del año.
