El representante de la empresa imputada en la trama del agua aseveró ayer a la titular del Juzgado de instrucción número 3 que desconoce los supuestos hechos delictivos que investiga y también a la práctica totalidad de las personas que están siendo investigadas. El portavoz nombrado por la firma de aguas, J. S. E., sostuvo que "no le consta que exista ninguna irregularidad en relación con el contrato de Avilés" ("Este contrato fue impugnado ante la jurisdicción administrativa por empresas de la competencia, que concluyó con resultado favorable a los intereses de la compañía", aclaró). Y lo mismo dijo sobre el resto de contratos suscritos en Asturias por la firma investigada.
J. S. E. aclaró que compareció "única y exclusivamente en calidad de legal representante de la entidad Asturagua" (Aquagest pasó a denominarse recientemente Asturagua). Expuso, además, que desde 2002 la compañía disponía de un código ético que regulaba las relaciones con la administración. Por un cambio normativo producido en 2010, añadió, se llegó a poner en marcha "un comité de prevención de riesgos penales, un protocolo, un canal de denuncias" y se establecieron "diferentes políticas y procedimientos como las relativas a las relaciones con funcionarios, con el sector privado o con los patrocinios y mecenazgos".
Presidente cántabro
El Tribunal Supremo ha archivado por prescripción la causa abierta por un presunto delito de cohecho contra el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y el consejero de Obras Públicas Francisco Javier Rodríguez Argüeso, por la estancia pagada por Aquagest en el balneario de Las Caldas, en agosto de 2010. La Sala de lo Penal destaca que no existen indicios de que el regalo o dádiva fuera realizado por la empresa en atención a un acto concreto de los políticos, a su capacidad de influencia o decisión o a su condición de diputados.
