La Junta General del Principado aprobó ayer una declaración institucional por consenso de todos los grupos que emplaza a la multinacional del aluminio Alcoa a mostrar sus cartas con la definición de un plan de futuro que incluya las inversiones que garanticen la continuidad de la planta de Avilés, de la que dependen 600 empleos. A través de la iniciativa, los diputados piden a la empresa que ratifique su compromiso de permanencia en Asturias y que haga posible el mantenimiento de todos los empleos que genera, tanto en la empresa matriz como en las compañías auxiliares. Este posicionamiento del parlamento asturiano se produce en un momento de gran incertidumbre sobre el futuro de la factoría aluminera de San Balandrán, asfixiada por el precio de la luz y por la depreciación del valor del aluminio en el mercado de materias primas.
Asimismo, la Junta traslada al Ministerio de Industria la "inmediata y urgente" necesidad de adoptar las medidas necesarias para establecer un mercado eléctrico estable para los grandes consumidores y para la industria en general que no ponga en peligro la continuidad de la actividad y definir un marco regulador estable en este ámbito para el conjunto de la industria asturiana. Y es que además de Alcoa, otras grandes empresas radicadas en la región que pasan apuros por su alta dependencia del precio de la luz son Azsa, con fábrica en San Juan de Nieva, y Arcelor, con instalaciones en el eje Avilés-Gijón.
La Cámara asturiana destaca en el texto de la declaración institucional aprobada ayer que Alcoa, tras haber planteado hace un año el cierre de las fábricas de aluminio primario ubicadas en Avilés y La Coruña, sigue sin despejar las dudas acerca del futuro de su planta asturiana tras el resultado obtenido en la última subasta de interrumpibilidad, el método por el que las grandes consumidoras reducen su tarifa eléctrica gracias al cobro de retribuciones en metálico que reciben a cambio de su disposición a hacer posibles desconexiones eléctricas en momentos de saturación del sistema.
La Junta incide además en que Alcoa viene operando en Asturias desde hace sesenta años de forma ininterrumpida y que sus trabajadores viven "desde hace demasiado tiempo" en una situación de constante incertidumbre como consecuencia de un sistema energético "inestable" y por la actuación de una empresa "que no asume de forma clara su compromiso" con la región.
La aprobación de este documento, según subrayó la federación de Industria de CC OO, se produjo "tras la ronda de contactos que las organizaciones sindicales tuvieron con los diferentes portavoces parlamentarios y que sirvió para trasladarles la situación que atraviesa la fábrica de Alcoa en Avilés, así como la incertidumbre generada en torno al mecanismo de interrumpibilidad diseñado por el Gobierno y que ha desencadenado una gran inestabilidad".
CC OO de Asturias se declara "complacida" por el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios y, por contra, reprocha al Gobierno central la "poca determinación" que ha puesto en resolver el conflicto: "Si todo un arco parlamentario con diferentes ideologías representadas concluye que se debe otorgar un marco de estabilidad energética a la industria del aluminio, resulta inquietante que ese mismo prisma no se vislumbre desde el despacho del titular de Industria".
