La Mancomunidad Comarca Avilés afronta el pago de una multa de 626 euros, propuesta por Inspección de Trabajo y ratificada por la Consejería de Empleo, en relación a la escasez de encargos laborales que recayeron en los últimos meses sobre su único técnico, Ignacio Martínez, que se dedica a asuntos de medio ambiente para los ayuntamientos de Illas, Castrillón y Corvera. En un principio, la propuesta de sanción fue aún mayor, de 2.500 euros, pero después, en vista de las alegaciones presentadas por la Mancomunidad, la infracción pasó de ser "grave" a "en grado mínimo".

Según recogen los fundamentos de derecho de la resolución de la Consejería de Empleo, "desde el año 2013 los cometidos del trabajador, con la categoría de técnico de medio ambiente, se vieron notablemente mermados, circunstancia que le llevó a imponer demanda ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Avilés, y dictándose sentencia que obligó a la Mancomunidad a reponerle en sus anteriores condiciones laborales, al no resultar acreditada la disminución de sus funciones que llevó a reducir su jornada de trabajo a la mitad".

El presidente de la Mancomunidad de Turismo, Manuel Campa, afirmó ayer que la entidad cumplirá con la sanción impuesta y confía en que "no haya más problemas de este tipo en el ámbito laboral". Dijo, además, que actualmente la carga de trabajo que pesa sobre el técnico de medio ambiente es "razonable". Campa recordó que son los ayuntamientos de Castrillón, Corvera e Illas quienes son los responsables de este servicio mancomunado, ya que Avilés cuenta con su propio servicio medioambiental dentro del ayuntamiento, y no hay previsión de que la situación cambie.

El técnico medioambiental fue contratado en el año 2009, y sus problemas laborales comenzaron hace dos años, cuando recibió la notificación de que la Mancomunidad reducía a tiempo parcial su contrato. La decisión, con dos votos a favor y el resto abstenciones, se tomó a instancias de Castrillón. La justificación que la Mancomunidad ofreció a Ignacio Martínez fue que se reducía su jornada "por causas imputables a la grave crisis económica que afecta de forma decisiva a las actividades relacionadas con el suelo, acción urbanizadora y desarrollo del planeamiento urbanístico". Sin embargo el técnico recurrió y el juez le dio la razón, por lo que fue repuesto en su jornada.