La temida entrada en vigor el pasado día 1 de enero de la normativa europea que prohíbe el descarte de las capturas no deseadas de peces -que hasta ahora se venían tirando al mar- es de momento un absoluto fracaso, según fuentes del sector pesquero, tanto por la falta de instrucciones sobre cómo gestionar los descartes como por la inexistencia de medios materiales y logísticos para darles salida en tierra. Fruto de la imprevisión, los profesionales de la pesca aseguran que "nada ha cambiado" y siguen a la espera de noticias sobre cómo deben actuar.
La Administración central va con retraso en todo lo referido a dar instrucciones de funcionamiento a las diferentes flotas afectadas, la confusión es la nota dominante entre los pescadores y la preocupación que existía por el impacto que tendría la nueva normativa sobre los cupos (de los que teóricamente se deben deducir ahora las capturas que antes se descartaban) ha dado paso a otro temor: que Bruselas pida explicaciones de por qué España no aplica aún las nuevas reglas de los descartes y los posibles incumplimientos se traduzcan en amonestaciones.
Los barcos que pescan merluza en el Cantábrico y en el Atlántico -entre ellos la mitad de los barcos asturianos de mayores dimensiones- son algunos de los que están sometidos desde el 1 de enero a las normas europeas que prohíben el descarte de las capturas indeseadas de peces. Desde este año también estará afectada la cigala, después de que en 2015 entrara en vigor la regla de los descartes para la caballa, el jurel o la anchoa. En 2017 será el turno de especies como el gallo y el rape (pixín) y las conocidas como "pesquerías mixtas". El objetivo, según las autoridades europeas, es ir sumando especies y caladeros paulatinamente hasta completar todo el calendario en 2019.
La merluza es la especie de mayor valor comercial para la flota asturiana y el nuevo tratamiento a dar a los descartes, una pesadilla para los pescadores. No obstante, la normativa establece excepciones y ahí empieza la tarea farragosa, en concretarlas y delimitarlas. Según explicó en su día Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), "hay que distinguir entre la flota que faena en aguas del norte (Gran Sol) y en las ibéricas. En el primer caso, la política de descartes influirá a un grupo reducido de barcos de arrastre y de otras artes para los que la merluza represente un 30 por ciento del total de sus capturas y utilicen mallas mayores de 100 milímetros. Respecto a la flota del caladero nacional, la normativa se aplicará a los buques para los que esa especie suponga el 10 por ciento del total de las capturas y en el caso que extraigan más de 10 toneladas de merluza y usen mallas de más de 100 milímetros".
La exigencia de desembarcar los descartes implica, en la teoría, que la tripulación debe subir al barco todo el pescado capturado, anotar las cantidades en el diario de a bordo, distribuirlo en cajas y llevarlo al puerto. Para facilitar el tránsito al nuevo "modus operandi" el Gobierno publicó una guía de descartes con la intención de aclarar qué flotas, en qué zonas y qué barcos concretos están afectados por la obligación de desembarco de los descartes. Sobre el papel parece no haber problemas, pero ese documento no resuelve la principal duda de los armadores que pescan merluza: ¿qué hacer al llegar a puerto con esos ejemplares que antes iban por la borda y ahora tienen que descargarse? Ninguna lonja asturiana tiene noticias de qué hacer con ese pescado, ni mucho menos medios para manipularlo. La mesa estatal constituida para adaptar a España la normativa europea de los descartes lleva solo dos reuniones y todo apunta a que le espera una año de duro trabajo.
