El Ayuntamiento de Avilés ha suspendido la adjudicación del servicio municipal de telefonía e internet después de que una de las empresas interesadas en el concurso haya presentado un escrito ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al entender que existen irregularidades. Según esta compañía, el pliego de condiciones elaborado por el gobierno local, ahora retirado, obligaba a instalar unos aparatos informáticos de una marca determinada, algo contrario a la normativa. Además, recogía que tan sólo se concedería la máxima puntuación a las ofertas que propusieran una rebaja máxima del 16 por ciento con respecto al precio de licitación, que es de 605.000 euros, cuando la media en este tipo de concursos ronda el 40 por ciento. Ahora, será preciso elaborar unos nuevos requisitos. "La decisión de cancelar el proceso se ha tomado para poder contestar con tiempo a las preguntas planteadas por los diferentes operadores", señaló ayer el concejal de Promoción de Ciudad y Licencias, Manuel Campa.
La anulación del concurso del servicio de telecomunicaciones está recogida en un decreto firmado por la alcaldesa, Mariví Monteserín, en el que se reconoce como "una infracción" que se obligara al adjudicatario a instalar equipos de la marca Cisco (son unos dispositivos electrónicos que se utilizan para impulsar las señales de internet). En este documento no se hace referencia a ninguna otra de las alegaciones presentadas por Vodafone, la compañía que ha impugnado el proceso. El decreto finaliza pidiendo que se "adopten las medidas oportunas a efectos de iniciar un nuevo procedimiento licitatorio".
La decisión del gobierno local aviva la polémica en torno a la contratación de las telecomunicaciones en Avilés, que han estado siempre en manos de Telefónica. Este sector se liberalizó totalmente en 1998, cuando una ley obligó a las administraciones públicas a sacar a concurso el servicio. Sin embargo, el Ayuntamiento no lo hizo hasta 2009, después de varias denuncias. Entonces, Telefónica logró la adjudicación por un período de cuatro años prorrogable a otros dos. El plazo venció en 2015, de ahí la necesidad de abrir ahora un nuevo proceso, que ya llega con retraso.
Durante estos seis años, el coste del servicio de telecomunicaciones en España ha caído sin cesar debido, entre otros factores, al incremento de la competencia. Por eso, la mayoría de las administraciones públicas han acortado los períodos de los contratos y han renunciado a aprobar prórrogas, con el objetivo de lograr ventajas económicas. En el caso del Ayuntamiento de Avilés no ha sido así, ya que ha decidido prolongar los plazos legales del actual contrato al máximo.
Otra de las cuestiones que ponen en tela de juicio algunos de los aspirantes a hacerse con el servicio de telecomunicaciones es que el pliego de condiciones recién retirado premiase tan sólo con la máxima puntuación a las empresas que rebajen el precio de licitación en un máximo del 16 por ciento, de acuerdo a una compleja fórmula matemática introducida por los técnicos municipales. Una medida que podría perjudicar claramente los intereses del Consistorio, ya que muchas compañías aplican una bajada de hasta el 40 por ciento en sus ofertas. De esta forma, según los demandantes, se garantizaría que todos los aspirantes presentaran una oferta económica idéntica, por lo que la decisión final sobre la adjudicación se sustentaría en criterios altamente subjetivos. Es decir, siempre según esta versión, el gobierno local estaría desincentivando las propuestas de precio a la baja.
El contrato de telecomunicaciones es además uno de los afectados por los reconocimientos de créditos extrajudiciales (facturas pendientes) aprobados recientemente tras una encendida polémica entre el gobierno y la oposición. Todos los partidos, salvo el PSOE, provocaron en su día la suspensión de un pleno al abandonar la sesión para no votar estos reconocimientos, necesarios para pagar servicios prestados de antemano por proveedores.
