Los tribunales dirimen esta mañana si los 34 extrabajadores de Montrasa-Maessa tienen que ser absorbidos por la multinacional Alcoa como consecuencia de que el contrato de mantenimiento y de apoyo a la producción de aluminio hubiese quedado vacante el pasado día 6 de abril. Los afectados entienden que es eso precisamente lo que se debe hacer: incorporarlos a la planta que la aluminera posee en San Balandrán. La multinacional, por el contrario, no es de la misma opinión. El palacio de Justicia de la calle Marcos del Torniello acoge esta mañana una sesión por la que pasarán los responsables máximos de la fábrica en Avilés: Javier Menéndez, su director, y Rubén Bartolomé, el presidente de la compañía en España.
El juicio llega después de que los afectados rechazaran la propuesta de solución planteada por el gobierno del Principado, que es el garante de los Acuerdos de Oviedo (mesa que regula desde 2002 las relaciones comerciales de las empresas auxiliares con las principales y de ambas con sus empleados). La mesa se reunió el pasado martes y en ella se planteó mantener a la mayoría de los 34 despedidos en la compañía Montrasa-Maessa, con las condiciones del acuerdo que se había suscrito en abril de 2015, y recolocar a entre cinco y nueve trabajadores en otra de las auxiliares que trabaja para la multinacional Alcoa (Jofrasa).
Esta oferta acabó en saco roto. Y es que las propias auxiliares advirtieron de que no están en condiciones de asumir más trabajadores, según fuentes sindicales. Ahora quien tiene la última palabra es la juez. Según la ley, la magistrada dictará sentencia en tres días y su decisión, aunque recurrible, es ejecutiva.
