Un vecino de Las Rabias, Fernando López, lleva más de un año en litigios con el Ayuntamiento de Soto del Barco por el cierre de un camino público que da acceso a tres fincas. Ahora, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Oviedo, obliga al Consistorio a recuperar el vial, que había sido cercado por otro propietario de la zona.
"Llevo un año metido en juicios y sin poder acceder a mis tres fincas. Lo único que pedía era algo básico, que dejasen libre el paso en algo que es de todos", relata López, vecino afectado, que también afirmó que esta situación perjudicó "a todos los vecinos" de Las Rabias y Los Veneros, poblaciones que une la vía. Además, López no está de acuerdo con el proceder de la administración municipal, ya que intuye que a lo largo del proceso ha habido cierto "oscurantismo". "Han hecho lo que han querido en todo momento, y prácticamente me han obligado a ir a juicio, con el coste que eso supone; ya no sólo para mí, sino para todos los vecinos, que somos los que al final pagamos. No sé si es que el Alcalde tenía allí algún tipo de interés, porque no me explico el haber llegado a esta situación", afirma el afectado, que todavía ayer seguía sin poder acceder a sus propiedades.
López denunció al Ayuntamiento la instalación de la valla que impedía el paso al camino por parte de un vecino en mayo de 2014. Tras informe técnico del arquitecto municipal, Alcaldía requirió al propietario que había construido la barrera su retirada en el mes de junio del mismo año; pero éste alegó con documentación acreditativa la inexistencia de camino público. Ante esta situación, el proyectista municipal volvió a emitir un informe en el que solicitaba la apertura de una investigación para resolver la titularidad de la vía. En abril de 2015, el Catastro regional hizo llegar al Consistorio sotobarquense una imagen de la zona, tras la que Alcaldía revocó el dictamen de mayo de 2014.
Ante esto, el Contencioso-Administrativo argumenta que el Ayuntamiento de Soto del Barco no puede revocar la resolución de junio de 2014, ya que en la misma se ejercía la facultad "de recuperación de un bien público". Además, el magistrado no realizó especial pronunciamiento en cuanto a las costas, y fijó como indeterminadas la cuantía del recurso, siendo este inferior a 30.000 euros.
