El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Asturias, con sede en Gijón, ha resuelto la calificación del concurso de acreedores de la empresa hostelera castrillonense Arga -y otras participadas- con la declaración de culpabilidad por parte de los últimos administradores, identificados en la sentencia como "don Miguel Ángel" y su esposa "doña Andrea". Ambos son condenados a la pena de inhabilitación para administrar bienes ajenos durante cinco y dos años, respectivamente; el mismo tiempo para representar a personas, la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores y el pago solidario de cantidades que suman 429.737 euros, aparte del posible déficit que no sea cubierto por las operaciones de liquidación puestas en marcha para pagar las deudas.
El Grupo Arga, ahora en disolución, fue una empresa dedicada a la hotelería y la restauración asentada en Castrillón que creció de la mano del empresario Román Arias Hevia y su familia. Llegó a contar con un hotel en Santa María del Mar, regentar cafeterías como la del Aeropuerto de Asturias y el Hospital San Agustín y explotar, entre otros establecimientos, el hotel "La Villa" en la plaza avilesina de Álvarez Acebal.
El negocio se resintió de la crisis y de decisiones controvertidas como la de Aena de retirarle la concesión de la cafetería del Aeropuerto y entró en concurso voluntario de acreedores con la esperanza de poder garantizar la estabilidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo, según aseguró en su día el entonces gerente, Javier Orta.
Las halagüeñas previsiones de Orta, quien destacó al ser aprobado el concurso de acreedores que el Grupo Arga era "solvente y con buenas perspectivas de futuro", se vinieron al traste, y es que los encargados anteriores de la administración, a la vista de la sentencia del Mercantil, habían tomado decisiones que precipitaron el hundimiento del barco.
El fiscal imputó a los administradores ahora condenados en su informe, estimado de forma casi íntegra por el juez, acciones que "agravaron el estado de insolvencia", una gestión de las cuentas del grupo Arga y las sociedades satélite "basada en crear créditos y deudas entre empresas en un ambiente de confusión", "retraso culpable" a la hora de solicitar el concurso, entre otras. A juicio del fiscal, "sólo la existencia de una cuenta a nombre de don Miguel Ángel en la que se contabilizan como créditos a corto plazo créditos a su favor concedidos a socios y empresas vinculadas de los que ha sido imposible obtener un desglose por deudor, constituye motivo suficiente para aplicar la causa de culpabilidad".
El fiscal añade más: irregularidades en la llevanza de los libros y en la imagen fiel de la situación económica y financiera, confusión patrimonial entre compañías y personas vinculadas a la empresa concursada y consideración de créditos a corto plazo de lo que en realidad eran créditos a largo plazo y de dudoso cobro. La fiscalía concluye también que concurre la causa de administración culpable porque en los dos años anteriores a la declaración del concurso de acreedores "salieron fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos".
