CC OO defiende sin ninguna duda que el sistema público de pensiones es sostenible. Lo que no es sostenible para el sistema es el modelo de recuperación económica neoliberal impuesto por el gobierno del PP, con un desempleo atroz, devaluación salarial y la precarización del mercado laboral, lo que ha incidido de forma negativa en la negociación colectiva, desregulando el mercado de trabajo e influyendo de manera directa en los núcleos más desfavorecidos, jóvenes, parados de larga duración, parados mayores de 45 años y en especial en las mujeres, aumentando de forma descarnada la brecha salarial que ya existía, y haciendo aflorar fantasmas del pasado con la aparición del trabajador pobre.
Es necesario que se deje de operar con el fondo de reserva para una función que no era la que tenía, y por lo tanto para el año en curso no vuelva a suspenderse el artículo que dice que la disponibilidad del fondo pueda superar el 3 por ciento del gasto en pensiones, y esto es fundamental para ir recomponiendo el fondo de reserva de la Seguridad Social.
Es bueno que se sepa que las cotizaciones de la Seguridad Social han servido en nuestra historia reciente para cubrir otros déficits en cuantías muy importante, tanto es así que hoy tendríamos 520.000 millones de euros en el fondo de reserva, con lo cual no estaríamos hablando de este tema, ni siquiera abordándolo.
Para ello el sindicato CC OO ha propuesto una batería de medidas esenciales a resolver en el corto, medio y largo plazo, una garantía de financiación adicional, estable y suficiente para garantizar un buen sistema de pensiones de calidad, sobre todo con la llegada de las primeras cohortes de la generación del "baby-boom". Sabiendo que incrementar el gasto hasta el 15 por ciento del PIB es asumible, como también lo es la necesidad de preservar un sistema público por solidaridad intergeneracional e interterritorial.
Es necesario enterrar definitivamente la austeridad e impulsar el crecimiento económico, el empleo para reducir la abultada cifra de personas desempleadas y activas en exclusión social que tenemos en este país.
Se hace esencial fortalecer la negociación colectiva, y que el crecimiento económico y los mayores beneficios empresariales se repartan en forma de más puestos de trabajo, de empleo más estable y de salarios que ganen en poder de compra, actuando de una forma decidida y contundente. Habida cuenta cuáles son las condiciones laborales de las mujeres en sus últimos 15 años de vida laboralmente activas se pone sobre la mesa que un sistema de pensiones más igualitario ha de plantearse; por un lado, políticas de igualdad que aborden las discriminaciones laborales de las mujeres, y, por otro, sistemas que sigan compensando la discriminación laboral previa y aborden desigualdades en términos de recursos en la vejez. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen consolidar el crecimiento y su sostenibilidad.
En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con una subida de la inflación prevista y que ha sido rechazada por el PP. Urge incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más allá del insuficiente aumento aprobado), de modo que permita alcanzar el objetivo del 60 por ciento del salario medio, y concentrar en este colectivo y en los parados de larga duración los incentivos a la contratación, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo.
Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, y el Gobierno debe asumir la responsabilidad de realizar una reforma fiscal seria y progresiva, cuyo objetivo no sea ganar votos mediante un falso efecto de ilusión fiscal, sino lograr un sistema tributario justo en el reparto de las cargas y que provea un nivel de recursos suficientes para, al tiempo que se reduce el déficit, en particular el de la Seguridad Social, se fomente el crecimiento y la bajada del desempleo, mediante un impulso de la inversión pública que incremente la productividad.
Desde CC OO consideramos que la concertación y el diálogo social deben ser elementos principales para el análisis del funcionamiento y necesidades de la economía y la sociedad, así como para la elaboración de propuestas mediante el compromiso de los agentes sociales y de las Administraciones Públicas.
