El Gobierno de España propone en un documento abierto reducir a de doce a cinco meses el periodo de vigencia de la subasta de interrumpibilidad eléctrica, la que reparte los bonos que reducen la factura de la luz que pagan empresas de gran consumo energético como Alcoa, Azsa y Arcelor. Desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) mostraron ayer inquietud "por la incertidumbre" que siembra el borrador. "La producción industrial no se planifica a cinco meses vista", reseñaron. " Y lo peor es que no dicen nada para el resto del año", añadieron desde la AEGE. Los sindicatos de Alcoa -la gran industria asturiana más dependiente de un precio asequible de energía- son de la misma opinión: "Esto es un despropósito, no es admisible que a estas alturas no se hayan adaptado a las órdenes de Europa", señaló Daniel Cuartas, presidente del comité de empresa de la fábrica de la aluminera en Avilés.

El borrador del Ministerio de Energía -aún está sin aprobar- tiene un sentido último: preparar un periodo de transición que permita a España adaptarse a lo dictado por la Unión Europea (UE) en noviembre de 2016. "Han tenido tiempo para hacerlo y ahora, en pleno octubre, a cuatro días de terminar el periodo de la puja eléctrica correspondiente a 2017, vienen con esta embajada", se lamentó Cuartas. José Manuel Gómez de la Uz, el secretario general de la sección intercentros de Comisiones Obreras (CC OO) en Alcoa, mostró también su sorpresa ante la propuesta del Gobierno. "Llevamos años diciendo cómo debería rediseñarse el marco regulatorio. Y no es así", señaló. Pese a esta circunstancia, aplaudió -tímidamente- alguna de las propuestas anexas a la principal (dejar en cinco meses el periodo de puja). "Estamos de acuerdo con que la interrumpibilidad sirva para algo más que para apagar si hay una avería. Puede servir para rebajar el precio de los usuarios normales, o sea, cada uno de nosotros", dijo. "Entiendo que esto es una promesa para llegar a otro plan eléctrico. Espero que sea mucho mejor que el que tenemos", señaló Gómez de la Uz.

La propuesta del Ministerio de Energía dice que "la experiencia adquirida durante los años en que la orden ha resultado de aplicación [2013-2017], pone de manifiesto la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la misma". La vicepresidenta de la Comisión del Mercado de la Energía, María Fernández, ya había manifestado este verano, en La Granda, la necesidad de cambiar las reglas de la tarifa.

Los sindicatos llevan años reclamando que las actualizaciones que propone el Gobierno tienen que alargar el periodo de aplicación de la subasta (no recortarlo) porque consideran que, de otro modo, las grandes industrias volverían a vivir en el alambre. Alcoa, tras la primera subasta, presentó un expediente de extinción de contratos.

La interrumpibilidad es un producto que compra el operador del sistema energético a las grandes consumidoras: por la posibilidad de un corte de luz reciben dinero.

Por otra parte, los 34 trabajadores a los que la empresa auxiliar Montrasa echó a la calle y luego tuvo que readmitir en virtud de una sentencia anulatoria de los despidos tienen previsto trasladar esta mañana sus reivindicaciones laborales (la recolocación en Alcoa, la industria en la que prestaban servicio antes de ser despedidos) a los miembros de la llamada "mesa de los acuerdos de Oviedo", la que regula las relaciones entre los empleados auxiliares y las industrias que les dan tarea. Ayer, como protesta por su situación, los "34 de Montrasa", se concentraron delante de la factoría de la multinacional aluminera.