La defensa del exalcalde de Corvera Luis Belarmino Moro y de su antigua teniente de alcalde, Ana Belén Toro, rechaza de plano la orden del juez de abonar 250.000 euros en concepto de fianzas para hacer frente a presuntas responsabilidades civiles achacables a los dos expolíticos dentro de la conocida trama del agua, la que trata de desentrañar las relaciones comerciales entre el Ayuntamiento de Corvera y la empresa Aquagest. "Tal petición es improcedente, extemporánea, fuera de lugar y todo lo que se quiera: simplemente es un disparate jurídico", indica.
La base argumental de José Carlos Fernández, el abogado de los dos expolíticos, se sustenta en el hecho de que, según el letrado, "resulta evidente" que Moro y Toro están imputados únicamente por la concesión del contrato de la gestión de las piscinas de Las Vegas y por la contratación de un técnico para que realizase los pliegos para llevar a cabo la contratación de esas mismas instalaciones. Según el mismo argumento, ni Moro ni Toro están en la instrucción por haber influido en la redacción del proyecto de la piscina, ni tampoco en su construcción, ni siquiera en la compra de la maquinaria de los gimnasios. Siguiendo esta idea, dice Fernández, "las acusaciones tienen que limitar sus peticiones tanto penales como civiles" a los expedientes de contratación de los pliegos y al de la gestión de la piscina. "Es una mera coherencia y respeto al precepto legal".
Se da la circunstancia, señala el abogado, de que el fiscal "no pide ninguna responsabilidad civil, pero sí la acusación del Ayuntamiento, que por lo visto tampoco se ha leído el expediente", apunta en su escrito.
Las alegaciones de Moro y de Toro van mucho más allá: "Nosotros no estamos de acuerdo con la imposición ni de un solo euro de fianza" porque el juez los pide por unos hechos que, para Fernández, "no son objeto de enjuiciamiento" y porque "los perjuicios económicos que dice haber tenido [el Ayuntamiento] por los hechos que son enjuiciados no existen porque han sido cobrado o percibidos por el Ayuntamiento". Es decir, los 71.000 euros que reclama Corvera "ya ha sido abonada por Aquagest". Fernández asegura que este abono tuvo lugar en enero de 2012 y, además, apostilla: "se pagó cuando tenía que pagarse".
Para Fernández, la defensa del Ayuntamiento ha presentado un escrito "disparatado" que "fusila" el de la fiscalía. Concluye que los hechos ilícitos "no son, porque no pueden ser", objeto de la trama del agua.
