Mieres del Camino / León,

J. VIVAS

Las juntas vecinales de Babia, en León, han vuelto a pedir la expropiación del puerto de Pinos al Ayuntamiento de Mieres. La medida entienden es «la única solución», tal y como aseguraron ayer a través de un comunicado. El contencioso que mantuvo el Consistorio con un ganadero por el prindaje de un toro en el puerto, que había incumplido el reglamento de uso de los pastos refuerza su petición, demuestra que Mieres «aplica sus reglamentos y ejerce funciones de policía de forma ilegal».

El Ayuntamiento de Mieres anunció hace unos días que había ganado la batalla legal contra un ganadero al que le habían requisado un toro que estaba pastando en el puerto leonés. Su propietario había mentido a la hora de declarar la raza del animal y fue motivo más que suficiente para el prindaje del animal. Diez meses después, y al no haber llegado a un acuerdo entre ambas partes, el juez dio la razón al Consistorio y exigió al ganadero que pagase los costes de manutención del animal desde que fue prindado. Sin embargo, para los babianos «esto es una consecuencia más de la ilegalidad causada por el mantenimiento de la propiedad de Pinos por Mieres. Sólo con la expropiación se pueda evitar este conflicto institucional y ahora judicial». Argumentan también que, tanto el Procurador del Común como la Consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, «han declarado que Mieres no puede aplicar ningún reglamento en Babia, ni tampoco ejercer funciones de policía, como está haciendo».

En su afán por conseguir la expropiación, las juntas vecinales solicitarán una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para tratar este asunto. También realizarán una nueva queja ante el Procurador del Común. Entre sus peticiones, además de la expropiación, está la clausura «inmediata» de Casa Mieres, «así como todas las cabañas que no cuentan con licencia». También acudirán al subdelegado del Gobierno en León para informarle sobre el hecho de que «los juzgados asturianos se declaren competentes para conocer de actuaciones realizadas en Castilla y León». De no prosperar sus demandas, las juntas vecinales aseguran que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia «contra la inactividad de las administraciones autonómicas».