Pravia, Sara ARIAS

La Consejería de Hacienda del Principado reclama al Ayuntamiento de Pravia el reintegro de la subvención de 4.542.860 euros para rehabilitar el edificio de La Azucarera, el proyecto emblemático del concejo en los últimos mandatos socialistas, por no haber ejecutado la obra en cinco años. El Ejecutivo regional, en manos de Foro Asturias, investiga qué ha hecho el Consistorio durante los últimos ejercicios presupuestarios con la subvención, que fue cobrada en su totalidad.

Tras los cinco años transcurridos desde la firma del primer convenio, el 31 de diciembre de 2011 expiró el plazo límite que tenía la corporación local para ejecutar la obra, por lo que el Principado solicitó a la administración local que presentara la justificación y el empleo de los fondos públicos procedentes de la subvención concedida.

Requerido sobre el uso dado a los fondos recibidos, el Ayuntamiento «sólo ha podido justificar la realización de un 55 por ciento del proyecto, siendo este porcentaje bastante inferior al de la ayuda pagada por el Principado, que suponía el 88 por ciento del coste total de la inversión», explica Hacienda.

El Principado añade más leña al fuego al subrayar que la empresa adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sedes-Isolux, Corsan Corviam, solicitó la suspensión de la obra en 2010, un año después de la adjudicación, por los impagos del Ayuntamiento. Sin embargo, año y medio después el Ayuntamiento aún no ha procedido a formalizar esa suspensión del contrato.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2006, cuando el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Pravia firmaron un convenio para el desarrollo del proyecto de construcción y equipamiento inicial de un Centro de Servicios Comunitarios en el edificio de La Azucarera, en Pravia.

Este convenio establecía una aportación cifrada en 3.400.000 euros para rehabilitar el edificio, financiada por distintas consejerías. En particular, la de Presidencia aportaba 520.000 euros, Comunicación y Turismo añadía 785.000 euros, Medio Rural y Pesca concedía 265.000 euros y, por último, Industria y Empleo financiaba el proyecto con un total de 1.830.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Pravia se comprometió a aportar una cantidad de 600.000 euros, por lo que la inversión total quedó cuantificada en 4.000.000 de euros, teniendo que quedar ejecutada al finalizar el año 2008.

El 8 de mayo de 2007 el Consistorio de Pravia suscribió un nuevo convenio con Presidencia para la construcción y equipamiento de los nuevos Juzgados de primera instancia de Pravia, que también se iban a ubicar en el inmueble. De esta forma, a la subvención inicial se añadió una nueva de 1.142.860 euros.

El Principado decidió adelantar el pago de las cuantías de las subvenciones. De esta manera, en el año 2006 pagó al Ayuntamiento de Pravia el importe de 600.000 euros. En 2007 se abonaron 300.000 euros y en 2008, 1.235.000 euros. El mayor desembolso se produjo en 2009, con 2.786.430 euros, hasta que por último en 2010 finalizó el régimen de pagos previsto realizándose una última transferencia por valor de 421.430 euros.

El alcalde de Pravia, el socialista Antonio de Luis Solar, asegura que se ha enterado de la exigencia del Principado «a través de los medios de comunicación», sin ninguna notificación oficial, lo que considera «una falta de respeto». De Luis Solar sospecha que «la verdadera y clara intención del gobierno es el ataque porque están cerca las elecciones».

El regidor socialista sostiene que ha mantenido varias reuniones con representantes de la Administración regional en las que facilitaron todos los documentos e informaciones que les fueron requeridos. También precisa que el Ayuntamiento solicitó en varias ocasiones una prórroga para que les diesen más margen de actuación de la obra, debido fundamentalmente a los dos problemas a los que se enfrentan.

Por un lado está la deuda con la empresa constructora que, según Solar, será resuelta en semanas con el pago a proveedores, en torno a medio millón de euros. Por otra parte, está la fallida venta del solar municipal del antiguo cementerio, con la que se pretendía mayor financiación. Para Solar, «son cuestiones que estamos tratando de solucionar y pedimos al Gobierno un margen de tiempo».

El Principado considera «inverosímil» la justificación dada por el Ayuntamiento a los fondos públicos de financiación. Por estas razones han decidido aplicar la ley de Subvenciones para reclamar la cuantía concedida y ordenar el reintegro de la ayuda, «todo ello sin perjuicio de que en el futuro se emprenda cualquier otra acción que pudiera proceder».