Jesús María Menéndez, más conocido como padre Chus, quien fue destituido recientemente como párroco de Castiello de la Marina, Oles, Argüero, Tazones, Careñes y Villaverde, trata de alcanzar un acuerdo con el Arzobispado de Oviedo con la intención de evitar los tribunales para defender su honor. El sacerdote ha emprendido un proceso civil y canónico.

«Estoy haciendo lo que cualquier persona normal», afirma, para defenderse de las acusaciones de haber incurrido en un comportamiento que la iglesia católica considera impropio en un cura.

El religioso asegura que lo único que pide es «que me dejen tranquilo» y poder seguir impartiendo clases de religión. A los reponsables del Arzobispado les exige que «sean serios» y que, «si tienen que decir algo, que lo hagan por escrito, que usen las vías normales y no la prensa».

Aunque evita dar más detalles de las conversaciones con el Arzobispado que han puesto en marcha sus abogados, el padre Chus indica que «la etapa de la parroquia, para mí, ya terminó». Deja así claro que su restitución como párroco no forma parte de las negociaciones. El sacerdote, de 61 años, señala que lo que pretende es «vivir tranquilo, pasear, leer y estar con los amigos».

El padre Chus afirma que «hay mucho que hacer en la calle. El mundo no acaba en la iglesia, que ha quedado reducida a un grupo residual. Hay necesidades múltiples y variadas en la sociedad». Quienes le conocen destacan de este religioso su generosidad y su ayuda a los demás. Está al frente de una casa de acogida en Deva (Gijón) para extranjeros con dificultades.

El padre Chus hacía hincapié días atrás en este periódico en que «no hay nada de menores en este asunto, y con adultos se relaciona uno como desea y libremente». LA NUEVA ESPAÑA también pudo conocer que el Vaticano está interviniendo, después de haber recibido denuncias sobre el hasta ahora párroco de Castiello de la Marina y otras parroquias maliayesas. Es la Congregación para el Clero -dicasterio de la Santa Sede que lleva los asuntos y la disciplina de los sacerdotes- la instancia que ha encargado al arzobispo Jesús Sanz Montes iniciar el proceso de suspensión en el ministerio sacerdotal de Jesús María Menéndez. Al intervenir la Santa Sede se impone el secreto pontificio.

Este tipo de procesos se inician con la suspensión del sacerdote del ejercicio de los oficios sacrametales y la apertura de un período de quince días de alegaciones. Según dichas alegaciones, cotejadas con las denuncias y pruebas, el arzobispo emite un decreto de suspensión. El expediente se remite al Vaticano y, si hubiera recursos,podría llegar a los tribunales de la Signatura Apostólica (el Tribunal Supremo de la Iglesia). El Arzobispado cuenta con material gráfico y denuncias. Del expediente se desprende que ha habido varias personas afectadas y que, por ser extranjeras, no se atrevieron a confirmar sus denuncias.