Un informe del letrado de la Administración de la Seguridad Social insta al titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo a rechazar las dos ofertas en liza para adquirir las instalaciones del Matadero Central de Asturias, localizado en Noreña. Una petición que se apoya en las dudas de que alguno de los dos contendientes -las empresas Macelo de Mieres y Mafrimargo 5- satisfaga las deudas contraídas por los anteriores propietarios con la Seguridad Social, acreedora en el proceso concursal con una deuda reconocida de 308.491,19 euros.

Este informe, que ha sido registrado en el Juzgado y al que ha tenido acceso este periódico, considera que las dos propuestas de adquisición contravienen las cláusulas del plan de liquidación relativas a los "derechos de los acreedores privilegiados". Además, el letrado de la Administración considera también que no garantizan la preservación de las obligaciones contraídas por la empresa concursada, Junquera Bobes, S.A., en materia de Seguridad Social.

Al margen de estas cuestiones de carácter genérico, el letrado de la Administración alerta de cuestiones concretas de ambas empresas ofertantes que, a su juicio, las incapacitan para pujar por la unidad productiva del Matadero Central de Asturias.

En concreto, y en relación a Mafrimargo 5, el letrado de la Administración asegura que, a principios de octubre de este año, adeudaba a la Seguridad Social una cantidad total de 7.422,99 euros. Una deuda que, siempre según el letrado de la Administración (que aporta certificaciones adjuntadas a su informe), no es la única que tiene contraída con ese organismo su propietario, Julio Enrique Díaz, administrador de otras entidades a las que atribuye diferentes deudas de varias cuantías, que oscilan entre los 433 y los 900.580 euros.

Esta argumentación del letrado de la Administración, de hecho, fue la que llevó a considerar a su oponente que estaba fuera de la puja semanas atrás. No obstante, el propio letrado también cuestiona la propuesta de Macelo de Mieres, empresa propiedad de Manuel del Busto, en ese mismo informe. En concreto, el letrado considera inadmisible que Del Busto supedite su oferta a la consecución de una serie de ayudas públicas para poner en marcha la unidad productiva.

Este informe, de hecho, explica en gran medida el desarrollo del proceso de liquidación en las últimas semanas. Amparándose en las argumentaciones de la Seguridad Social, Macelo de Mieres consideró que Mafrimargo 5 estaba descartado del concurso, algo que el propio Manuel del Busto afirmó en diversos medios.

Pero este empresario también se vio afectado por el documento, ya que el Juzgado le dio un plazo para que acreditase la recepción de esas ayudas, dirigiéndose asimismo al Gobierno del Principado para que las confirmase.

Pese a que Del Busto solicitó reunirse ya en el mes de agosto con el presidente del Principado, Javier Fernández, y con la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, para presentarles su plan de negocio y concretar esas ayudas, asegura que no recibió respuesta alguna. El Principado, además, eludió comprometerse con el empresario en su comunicación al Juzgado.

Esta maniobra llevó a Del Busto a plantear, primero, la unión de las tres empresas que habían presentado ofertas en un primer momento -las dos reseñadas, más Serincar 92-, y acto seguido a desistir de su propia oferta ante el Juzgado.

Una decisión que ha decepcionado a los trabajadores del Matadero, que mantienen la asamblea permanente desde el cese de actividad, que critican la inacción del Principado y que aseguran, en un comunicado público, que "esta oferta presentada por Macelo de Mieres es realista, adecuada y necesaria, y el resto, así de claro, ni lo eran ni lo son".